La APLU aumentó un 90% el número de demoliciones en 2011 y resolvió un 25% más de expedientes

Agustín Hernández Y María Martínez Allegue En Rueda De Prensa
XUNTA
Actualizado 14/04/2012 18:05:42 CET

Hernández defiende que "ahora se están recogiendo los frutos" de los "ajustes" que se tuvieron que hacer en la Axencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) realizó un 90 por ciento más de demoliciones ejecutadas en 2011 respecto a 2010 --al pasar de 38 a 72--, y resolvió un total de 260 expedientes de reposición de la legalidad y sancionadores, lo que supone un aumento del 25 por ciento frente al ejercicio anterior --en el que hubo 207 expedientes--.

De ello, han informado en rueda de prensa el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, y la directora de la Axencia, María Martínez Allegue, en donde han presentado el informe de actividad de la APLU en 2011, para hacer hincapié ambos en que con estas cifras se busca "incrementar el respecto a legalidad urbanística", ya que "es necesario acabar con esa sensación de impunidad que desde hace años viene existiendo en el campo del urbanismo".

De este modo, en 2011 se ejecutaron 72 demoliciones, frente a las 38 de 2010 y las 37 de 2009, aunque Martínez Allegue ha explicado que en este total de 72 demoliciones no todas son llevadas a cabo por la APLU, pues "cada vez es mayor" el número realizado de forma voluntaria por los interesados antes de que la Administración tenga que dar ese paso.

Así, se ha incrementado el número de expedientes iniciados en reposición de la legalidad y sancionadores al pasar 250 a 305, y "lo que es más importante" para Agustín Hernández, es que ha aumentado el número de expedientes resueltos al pasar de 207 a 260, lo considera una mejora de la "eficiencia" debido al nuevo plan de inspección de 2011.

En detalle, los expedientes de reposición de la legalidad resueltos en 2011 fue de 224 --frente a los 182 de 2010--, lo que supone un aumento del 23 por ciento; mientras que el número de expedientes sancionadores resueltos en 2011 fue de 36 --frente a los 25 de 2010--, lo que supone un 44 por ciento más.

Asimismo, el número de multas coercitivas también aumentó en 2011 un 58,5 por ciento respecto a 2010, al pasar de 299 a 401, mientras que la cifra en 2009 fue de 253.

DEFENSA DE LA GESTIÓN CON MENOR PRESUPUESTO

En concreto, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha destacado el trabajo de la APLU a pesar de haber visto disminuido su presupuesto en los últimos tiempos.

Así, ha explicado que el presupuesto para la Axencia en 2009 era de 4,5 millones de euros, mientras que para 2012 es de 4,1 millones de euros, lo que supone un 10 por ciento menos. A modo de ejemplo, ha explicado que la partida para demoliciones es de "menos de 300.000 euros".

Además, Hernández ha valorado el trabajo de la directora de la APLU y de sus técnicos, "a pesar de que alguien intentó lanzar sombras de duda al respecto de la voluntad de este Gobierno", en alusión a la oposición. "Por eso hicimos los ajustes que tuvimos que hacer en la Axencia" --el Gobierno gallego cesó al anterior director de la APLU, Hipólito Pérez, en 2010--, ha justificado, para agregar que: "Ahora estamos recogiendo los frutos de ese trabajo".

Por su parte, la directora de la APLU ha remarcado que las infracciones en la costa se han reducido "de manera muy considerable", y en base a los datos estadísticos, cree que la concienciación ciudadana "está aumentando".

FUNCIONAMIENTO DE LA APLU

Según informa el Gobierno gallego, la forma de actuación de la APLU --que cuenta con 57 ayuntamientos adheridos hasta 2011-- consiste en que una vez que abre un expediente de reposición de la legalidad, se inicia un trámite por el que se determina si la obra cumple las normativas autonómicas y municipales para su construcción.

Así, si después de la tramitación del expediente administrativo se determina la existencia de una infracción urbanística, se comunica al interesado un plazo para reponer la realidad física alterada --mediante demoliciones o alteraciones de rasantes--, y en el caso de que no lo hiciera se interpone la primera multa coercitiva.

Estas multas coercitivas se marcan de 1.000 a 10.000 euros con una periodicidad trimensual, y transcurrido un año desde que la orden de demolición es firme, la APLU --que no tiene competencias en suelo urbano-- se tiene que subrogar y demoler a costa del interesado.

En cuanto a los expedientes sancionadores que corresponden a la APLU con actuaciones muy graves --como pueda ser un uso prohibido en suelo rústico--, las multas van de 60.000 euros a un millón de euros.