Actualizado: miércoles, 8 octubre 2014 12:24
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Audiencia Provincial de A Coruña ha dejado sin efecto la imputación a las 12 personas que en el momento de la inauguración de la línea Ourense-Santiago, en la que se produjo el accidente ferroviario del Alvia en Angrois, que ocasionó 79 muertes y más de un centenar de heridos, formaban parte de la cúpula del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif).

   Según confirman a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el auto, que ha sido notificado este miércoles a las partes, deja sin efecto todas las imputaciones menos la del maquinista del tren, que vuelve así a ser el único imputado en la causa, que actualmente instruye el juez Andrés Lago Louro, en sustitución de Luis Aláez, quien fue el que imputó en mayo a estos cargos antes de dejar el Juzgado de Instrucción número 3.

   La deliberación de los magistrados, que se pronuncian así favorablemente en relación a los recursos interpuestos por Abogacía del Estado y Fiscalía, trasciende cinco meses después de la decisión de Aláez.

   Los cargos a los que ahora la Audiencia retira la imputación son el expresidente de Adif Antonio González Marín, el exdirector de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte López; tres vocales del entonces consejo de administración de Adif --Juan Carlos Cáceres Díez (CC.OO.), Mercedes Rodríguez Arranz (por Fomento), Félix Díaz Martínez (UGT)--, Juan Ángel Mairal Lacoma y Carlos Bartolomé Marín, también vocales y además, exjefes de gabinete de cargos de Fomento; Javier Hurtado Domínguez, vocal por Fomento en el consejo de administración y exdirector de gabinete del exministro de Fomento José Blanco; Carlos María Juárez Cólera, que fue director de gabinete de Blanco en 2009 y posteriormente director general de Infraestructuras Ferroviarias de Fomento; Mercedes Caballero Fernández, también vocal del consejo de administración; Gerardo Luis Gavilanes Ginerés, otro vocal por Fomento; y el actual interventor general del Estado, José Carlos Alcalde.

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