Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 17/06/2010 13:34
La Audiencia Provincial de Pontevedra acordó estimar parcialmente el recurso presentado por el ex alcalde de Gondomar Carlos Silva (PP) y cinco ediles de su Junta de Gobierno, que fueron condenados a un año y medio de cárcel y 8 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y modificó la pena impuesta, reduciéndola a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación.
Según el auto del tribunal, esta reducción de la pena se basa en que la Audiencia no considera probado que el delito de prevaricación que se les imputó, por otorgar unas 40 licencias urbanísticas con base a un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que había sido anulado judicialmente, fuese "continuado", ya que gran parte de ellas se otorgaron sin que el alcalde, la Junta de Gobierno e incluso los técnicos municipales tuvieran conocimiento de una medida cautelar del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulaba el acuerdo plenario de aprobación del PGOM.
Por ello, el juez considera que el alcalde y los concejales cometieron un delito de "prevaricación específica agravada", ya que otorgaron, a sabiendas de que era irregular --porque tenían conocimiento del acuerdo del TSXG--, una licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en un núcleo rural, y no las casi 40 licencias por las que se les condenó inicialmente.
El ex alcalde Carlos Silva fue juzgado en mayo pasado por un presunto delito de falsedad documental, mientras que uno de los miembros de su junta de Gobierno, José Luis Mosquera, se sentó en el banquillo de los acusados hace un par de semanas, junto con el ex concejal de Urbanismo de Gondomar, Alejandro Gómez, y un arquitecto de Vigo, por tres delitos de cohecho. El jurado popular que juzgó este caso, consideró a los tres culpables.
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