El Ayuntamiento de Gondomar mantiene que las licencias otorgadas son legales y denuncia la "beligerancia" de la Xunta

 

El Ayuntamiento de Gondomar mantiene que las licencias otorgadas son legales y denuncia la "beligerancia" de la Xunta

Actualizado 30/06/2006 20:10:33 CET

La Fiscalía acusa al alcalde de un delito contra la ordenación del territorio en forma de prevaricación

VIGO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Gondomar, Carlos Silva Mariño (PP), defendió hoy la legalidad de unas 300 licencias otorgadas por acuerdo de la Junta de Gobierno y por resoluciones de la alcaldía durante el año 2005, a pesar de que el Fiscal del Vigo especializado en urbanismo presentó una querella por un presunto delito de prevaricación, y denunció la "beligerancia" de la Xunta.

Silva Mariño explicó hoy, en rueda de prensa, que las licencias se ajustan a la legalidad vigente y que el Gobierno municipal actuó dentro del marco de la "estricta legalidad", al tiempo que señaló que dichas licencias se otorgaron a familias de esta localidad y "en ningún caso" se trata de recalificaciones o promociones inmobiliarias de lujo.

Tanto el regidor de Gondomar, como el asesor jurídico del ayuntamiento, Calixto Escariz, explicaron que el motivo de la querella presentada por la Fiscalía es el debate sobre la vigencia o no del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) aprobado en dicho municipio en 1997. Dicho documento fue anulado en 2001 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por considerar que había deficiencias en el estudio económico-financiero, y esa anulación fue ratificada en 2005 por el Tribunal Supremo.

En 2005 el pleno de la corporación "completó y mejoró" el documento y, según el alcalde, haciendo uso de sus competencias, volvió a aprobar el planeamiento de 1997. La Xunta consideró que el ayuntamiento no tenía atribuciones para aprobar ese documento y pidió una medida cautelar de suspensión, que fue recurrida por el Gobierno local de Gondomar.

Según Calixto Escariz, a día de hoy, y mientras no se resuelva el recurso, el PGOM del 1997, es la norma que permanece vigente, al tiempo que insistió en que las licencias que son objeto de la querella son "cien por cien conformes con el plan" y que el ayuntamiento tiene la obligación de otorgar dichos permisos de obra mientras en el Tribunal Supremo no resuelva el recurso de casación.

XUNTA "BELIGERANTE"

El alcalde acusó a la Xunta de mantener una postura "muy beligerante" con el urbanismo de Gondomar y aseveró que, "si hay una situación de desmadre urbanístico", el Gobierno autonómico tiene suficientes mecanismos para actuar.

En ese sentido, el regidor afirmó que "hay motivaciones políticas" en la actuación de la Fiscalía y denunció que está esperando desde octubre pasado a ser recibido por la conselleira de Política Territorial, María José Caride. "Meter al alcalde en la Fiscalía vende mucho, pero se está jugando con la inseguridad de 300 familias", declaró.

Asimismo, Silva reiteró que las licencias fueron concedidas con informes técnicos y jurídicos favorables, y justificó el informe desfavorable de la secretaria del ayuntamiento y la solicitud de estudios externo, por las dudas que esta funcionaria tenía, ya que, según el alcalde, "no sabía si el PGOM estaba o no en vigor".

QUERELLA DE LA FISCALÍA

El fiscal Juan Carlos Aladro presentó la querella contra el alcalde con fecha del 1 de junio, y en ella solicita al juez que se admita a trámite la misma, procediendo a interrogar al regidor y a los miembros de la Junta de Gobierno. Asimismo, demanda que testifiquen la secretaria y la técnico municipal que advirtieron sobre la posible ilegalidad de las licencias.

Según el fiscal, los permisos se concedieron de forma irregular porque no se tuvo en cuenta la suspensión del planeamiento urbanístico y acusó al alcalde de hacer caso omiso de los informes municipales y de contratar a personas ajenas a la administración "proclives a sus deseos de otorgar licencias y ejecutar el Plan".

En la querella se recoge que el otorgamiento de dichas licencias puede revestir el carácter de un "delito contra la ordenación del territorio, en su forma especial de prevaricación, previsto en el artículo 320 del Código Penal".

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