La CIG pide a Baltar que "salga a pedir disculpas" tras la anulación de un concurso interno

 

La CIG pide a Baltar que "salga a pedir disculpas" tras la anulación de un concurso interno

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Publicado 09/10/2017 17:53:02CET

   El ente provincial recurrirá al considerar "gravemente erróneos" los "fundamentos jurídicos" del fallo

   OURENSE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha solicitado este lunes al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, que "salga a pedir disculpas" por la sentencia judicial que anula un concurso interno de 106 puestos de trabajo, al considerar que las bases establecían "un circuito cerrado" para que "sólo pudieran optar" las personas que ya estaban desempeñando la plaza a concurso.

   En una rueda de prensa en las instalaciones de la CIG en Ourense, el secretario de Organización y Finanzas del sindicato, Anxo García, y el secretario provincial en Ourense, Anxo Pérez, han coincidido en calificar como "demoledora" la sentencia hecha pública el pasado dos de octubre.

   García ha explicado que, a raíz de la denuncia de la CIG, en diciembre de 2016, de los 106 puestos convocados por la Diputación sólo se cubrieron unas 60 plazas "de un concurso hecho a la carta".

   Así, ha abundado que de 24 puestos cubiertos por adscripciones provisionales: once fueron ocupados definitivamente por quien tenía la adscripción provisional; 10 consiguieron el puesto al no haber más participantes en el concurso y "solamente tres" fueron ocupados por personas distintas a las que tenían la adscripción.

   Para el secretario de Organización de la CIG la sentencia es tan sólo "la punta del iceberg" de "un poder político que usa todos los recursos públicos en beneficio propio" y que supone que en Ourense "la gente piense que acceder a un puesto de trabajo 'vía dedo' es lo normal".

   El portavoz de la CIG ha conminado a Manuel Baltar a "pedir disculpas" ante "una sentencia histórica" que abunda en la línea de que "las cosas no pueden seguir así".

   "Mientras no se realice una labor pedagógica con la sociedad y se diga que los puestos de trabajo son para todos, y no para los hijos del PP esta provincia no tiene ningún futuro", ha concluido García.

LA DIPUTACIÓN RECURRIRÁ

   Por su parte, la Diputación de Ourense ha confirmado que interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia por "considerar gravemente erróneos sus fundamentos jurídicos".

   Así, el ente provincial considera "absolutamente falso" que la convocatoria haya restringido el acceso a los puestos al exigir como requisito que se tengan las categorías profesionales especificadas en la ficha de cada puesto.

   De este modo, recuerda que "en determinados casos obtuvieron el puesto personas que no estaban desempeñando previamente, frente a los solicitantes que sí estaban en esa situación".

   Además considera que la sentencia parte del error de "identificar la pertenencia a una categoría profesional con el desempeño previo de un puesto, cuando son cosas distintas".

   En este sentido, los servicios jurídicos de la Diputación han señalado que la categoría profesional "no se adquiere por el desempeño de ningún cargo, sino por la superación de las pruebas de acceso a la función pública provincial o a la condición de personal laboral fijo".

   "En otras palabras, el juzgado confunde los conceptos de plaza y puesto. A partir de este error todo el razonamiento de la sentencia se viene abajo", concluyen fuentes del ente provincial.

LA SENTENCIA

   El juez ha anulado la provisión de puestos de trabajo por considerar que las bases del concurso "vulneran" el principio de igualdad, el concurso de méritos y que limitan el acceso a las plazas a "las personas que ya estuviesen desempeñando los puestos ofertados".

   La sentencia advierte de la irregularidad de las bases del concurso porque "limita injustificadamente" el acceso a los puestos "restringiendo la posibilidad de participar" a los aspirantes que ya estuviesen desempeñando el puesto en cuestión, ya que exigían que pertenecieran "exactamente" a los mismos grupos, escalas, sub escalas y categorías.

   Para el juez este punto supone una "vulneración" de los artículos 14 y 23 de la Constitución, pero también de varios artículos del Estatuto Básico del Empleado Público en los que se exige "igualdad de mérito y capacidad" de los concurrentes; "transparencia" en el proceso de selección; "publicidad de las convocatorias" e "imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección".

   También incide en que no hay "justificación" a esta restricción porque los que ostentaban los cargos a concurso tendrían "una mayor experiencia o preparación" y "no tendrían mayor problema para sacar el concurso porque partirían con ventaja".

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