Los colegios profesionales gallegos "impugnarán" el decreto que limita su recaudación por la expedición de visados

Jesús Gamallo y José María Arrojo, en unas jornadas sobre la directiva europea d
EP/UNIÓNCOLEGIOSPROFESIONALES
Actualizado 22/10/2010 15:01:34 CET

Los grupos parlamentarios abogan por reformar la legislación autonómica para definir el papel de estos colectivos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Profesional de Galicia --que defiende los intereses de 40 colegios profesionales y representa a más de 45.000 profesionales de un total de 23 titulaciones universitarias-- ha anunciado que recurrirá el Real Decreto 1000/2010 de Racionalización del Visado Colegial, por el que se limita la expedición de visados que supervisan actualmente este colectivo y, por tanto, merma su recaudación.

Este decreto ha sido aprobado por el Gobierno central en el marco de la reducción de trabas a la actividad económica impulsada por la transposición de la Directiva de Servicios de la Unión Europea, que obliga a la modificación de varias leyes y que, en Galicia, ya ha implicado la aprobación --en febrero de este año-- de una ley ómnibus. En el ámbito general, de los 82 tipos de visados que debían supervisar los colegios profesionales por ley, con la nueva normativa estatal se quedan únicamente en 10.

El anuncio de la Unión de Profesionales de Galicia de que "impugnará" el real decreto fue realizado por su presidente, José María Arrojo, en unas jornadas en las que los tres grupos del Parlamento gallego expresaron la necesidad de impulsar una reforma de la normativa de colegios profesionales que defina su papel.

En la inauguración del evento, el secretario xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, ha ofrecido la "colaboración" de la Xunta a los colegios profesionales en este recurso, si bien el propio alto cargo ha explicado a Europa Press que el Gobierno autonómico no ha recurrido este decreto estatal.

Durante su intervención en la inauguración de las jornadas, Gamallo ha criticado la "falta de sincronía" del Gobierno central y censurado que se haya limitado a elaborar un real decreto sobre un aspecto en concreto, el de los visados colegiales, en lugar de aprobar una ley global que recogiese todos los aspectos de la directiva europea. "Lo lógico sería un texto integral y por partes", ha indicado, tras lo que recordó que hace un año de la directiva de servicios.

El secretario xeral de Relacións Exteriores ha recalcado el compromiso de la Xunta con el "cumplimiento de las obligaciones comunitarias", siempre "teniendo en cuenta las realidades sociales y geográficas". "El elemento europeo es ineludible, pero siempre hay márgenes de discrecionalidad que vamos a usar en beneficio de los profesionales gallegos", ha asegurado tras expresar que el Gobierno autonómico "echará una mano" a este colectivo en sus demandas.

NUEVA NORMATIVA PARLAMENTO

Los grupos parlamentarios, aunque con distintos puntos de vista sobre el fondo de la cuestión, se mostraron favorables a modificar la legislación en lo que a los colegios profesionales se refiere. Así, el portavoz del área Institucional del Grupo Socialista, José Manuel Lage, ha anunciado que a partir de noviembre entrará en contacto con los colegios profesionales para recoger sus aportaciones y presentar una proposición de ley en la Cámara autonómica.

Su homólogo del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, ha constatado que, tras la aprobación del decreto, los colegios se encuentran en una "nueva etapa" y ha concluido que, "seguramente, haya que cambiar también la ley" gallega después de la estatal. En este sentido, tendió la mano para "trabajar de cerca con los colegios profesionales" y hacer, incluso, de "interlocutor" con el Gobierno gallego para elevar sus demandas.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, ha ido más allá al establecer la necesidad de cuestionar la obligatoriedad de colegiarse para el desarrollo de determinadas actividades, es decir, opina que en casos en los que los profesionales presten un servicio a la Administración (como ocurre con los abogados del Estado y que podría extenderse a los médico) sólo debería obligarse a colegiar a aquellos que también lo hagan en el ámbito privado.

Al respecto, ha argumentado que, teniendo en cuenta que el papel final es "velar" por los usuarios y que la Administración lo hace por su propia cuenta, sólo sería necesario colegiarse en los casos en que sean las entidades colegiales las que supervisen el cumplimiento de los códigos deontológicos.

DECRETO DE VISADOS

Según el real decreto, los visados se limitan a proyectos de ejecución de edificación; certificado de obra de edificación; proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra; proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos; proyecto de voladuras especiales; proyectos técnicos de establecimiento, traslado y modificación sustancial de una fábrica de explosivos; proyecto técnico de instalación y modificación sustancial de depósitos comerciales y de consumo de materias explosivas; proyecto de establecimiento de talleres de cartuchería y pirotécnica y de depósitos no integrados en ellos; proyectos de aprovechamientos de recursos mineros; y proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicación de edificios.

Los colegios profesionales dejarán de ingresar por la entrada en vigor del real decreto en torno a los 230 millones de euros al año, aunque el impacto total, según los cálculos realizados en su día por el Ministerio de Economía y Hacienda, podría significar un ahorro de más de 800 millones de euros anuales.