Conde niega que la ley de implantación empresarial reduzca exigencias ambientales o urbanísticas

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, en el pleno
XUNTA
Publicado 13/09/2017 13:25:35CET

Critica que haya "algunos grupos parlamentarios" que "no quieren ni que se debata" una norma que para la Xunta es "necesaria"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha negado que la ley de implantación empresarial que este martes inició su tramitación parlamentaria vaya a suponer una reducción de las exigencias medioambientales o urbanísticas. Bien al contrario, ha defendido que se trata de una norma "garantista" en lo relativo a estos requerimientos.

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas antes de reunirse con responsables de cluster de la comunidad para, precisamente, abordar el contenido de esta nueva ley que impulsa el Gobierno de la Xunta, de la que ha dicho que "lo más importante es la reducción del tiempo de tramitación" para aquellos proyectos que quieran implantarse en Galicia.

Además, ha reivindicado "que pueda ser debatida". En este sentido, ha criticado que "hubo algunos grupos parlamentarios que efectivamente no quieren ni que se debata en el Parlamento". "Pero nosotros entendemos que es una ley necesaria", ha apostillado.

Igualmente, se ha referido al "debate que se abrió con respecto a los ayuntamientos", y ha opinado que el resultado "también es muy sencillo", puesto que "la ley en ningún momento conculca ninguna competencia" de los consistorios. "Lo único que hace", según el conselleiro, "es establecer y modificar la normativa de carácter autonómico".

Pero, como los municipios "tienen un papel muy importante en la tramitación administrativa y también en la fiscalidad que se aplican a los proyectos empresariales", como ha reconocido Conde, el Gobierno gallego trasladó a la Fegamp "una propuesta para que los ayuntamientos, de forma voluntaria se puedan unir a esta estrategia de captación de inversiones".

La "forma" que tienen para unirse es "poder establecer, tal y como recoge la ley, bonificaciones sobre sus impuestos y sus tasas y facilitar los trámites administrativos que las empresas tienen que hacer en los ayuntamientos".

Esta "propuesta", según ha explicado, "tiene una compensación y una implicación por parte del Gobierno". Y es que lo que plantea la Xunta es establecer ayudas "específicas" para los ayuntamientos que opten por adoptar bonificaciones fiscales y/o facilitar las tramitaciones a proyectos empresariales.

A modo de ejemplo, ha citado órdenes de ayuda para la mejora de polígonos industriales e iniciativas en materia de empleo y de formación. "Lo que trasladamos es la posibilidad de que en estas ayudas se puedan discriminar positivamente hacia aquellos ayuntamientos que establezcan bonificaciones fiscales", ha ahondado.

En esta línea, ha destacado que "la ley es una propuesta para hacer una alianza en Galicia que sume las competencias de la Xunta con las que tienen los ayuntamientos".

Por su parte, la consellería tiene "un compromiso claro de simplificar" y aboga por "ayudar con mayor intensidad a los ayuntamientos que colaboren con la administración" en este fin.

A mayores, ha puntualizado que las bonificaciones se presentan de cara a las "nuevas inversiones" y "en ningún caso" sobre ingresos actuales.

RESPUESTA A LAS CRÍTICAS

Todavía respondiendo a las críticas lanzadas por la oposición, el titular de Economía ha aclarado que la ley "aborda el procedimiento" y que "en ningún caso hay una reducción de las exigencias sectoriales que tienen que cumplir los proyectos". "Esas exigencias se mantienen", según ha incidido.

"Lo único que hace la ley es facilitar la tramitación desde el punto de vista del procedimiento. Estamos intentando que haya un ahorro, una reducción del tiempo en la tramitación, en ningún caso una reducción de las exigencias medioambientales o urbanísticas", ha reiterado.

Así, ha asegurado que "la ley es garantista desde el punto de vista de estas exigencias, pero permite una reducción de los plazos en la tramitación", que es "la demanda de los empresarios".

La norma contiene, según ha finalizado, "medidas de carácter técnico, de procedimiento y de incentivos". "Ahí es donde tenemos que situar el debate, sabiendo que las garantías medioabientales y sectoriales tienen que seguir cumpliéndose", ha resuelto.

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