La Iglesia deberá colaborar con la Xunta en la preservación y difusión de documentos, según la Lei de Arquivos

Actualizado 18/09/2008 19:48:00 CET

Touriño destaca que la normativa dará transparencia a los documentos y los adaptará a las nuevas tecnologías

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Lei de Arquivos de Galicia establece medidas destinadas a la conservación y acceso del patrimonio documental en manos privadas y decreta la "obligación de colaboración" de la Iglesia católica al respecto del patrimonio documental gallego del que sea depositaria en la comunidad.

Esta normativa, cuyo proyecto de ley fue aprobado hoy por el Consello de la Xunta, centra sus objetivos en "ordenar, dar transparencia y adaptar a las nuevas tecnologías" el patrimonio documental, tal y como expresó el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, de manera que establece la necesidad de facilitar el acceso por parte de la ciudadanía a los documentos.

En palabras del presidente del Ejecutivo autonómico tras la celebración del Consello, esta ley "abre el camino para acceder" al conjunto del patrimonio documental de Galicia y marca "la colaboración institucional" para la conservación de los documentos.

De este modo, la ley regula por primera vez de manera específica la organización, funcionamiento y promoción de los archivos de Galicia, al tiempo que define los derechos y obligaciones en relación al patrimonio documental. El proyecto de ley establece que la función de los archivos trasciende del mero depósito cultural y subraya su valor en la gestión administrativa

RED DE ARCHIVOS

Con esta normativa, la Xunta aspira a conseguir una red de archivos, en la que estarán "todos los públicos y los privados que lo soliciten", y pretende constituir un servicio público de relevancia y "transparencia" a la hora de proporcionar información a los ciudadanos y de permitir una gestión administrativa eficaz.

Uno de los ejes de la normativa es la creación del Sistema de Arquivos de Galicia como una estructura legal y administrativa que agrupe todos los documentos públicos. Así, este organismo se encargará de controlar, dirigir y reducir el flujo documental que se inicia en las oficinas públicas.

Estas acciones van encaminadas a garantizar la conservación y, por tanto su autenticidad y a favorecer, asimismo, la eliminación de la redundancia informativa, de manera que se asegure la eficacia y la eficiencia.

ESTRUCTURA

El proyecto de ley, estructurado en cuatro títulos, se centra, en primer lugar, en los objetivos y su ámbito de aplicación. En segundo término, indica que en el Sistema de Arquivos de Galicia se integrarán los archivos públicos y privados que lo deseen en aras de conseguir una coordinación y colaboración entre las distintas administraciones públicas; y se basa en el principio de autonomía de cada una de las administraciones para organizarse.

La regularización implicará también a los archivos de titularidad estatal que tienen transferida su gestión a la Xunta por ser "parte esencial" del sistema gallego de archivos.

En relación al patrimonio documental, el proyecto también establece la necesidad de valorar y seleccionar los documentos en los archivos públicos de Galicia. En este sentido, la propia normativa concreta el proceso para llevar a cabo esta acción.

ADAPTACIÓN DIGITAL

Uno de los fines de la nueva normativa será la adaptación de la gestión de los archivos al contexto derivado del uso de las nuevas tecnologías y de la proliferación de los documentos digitales. Al respecto, la normativa legisla específicamente.

El Sistema de Arquivos de Galicia estará encabezado por un órgano administrativo de dirección y coordinación en el seno de la Consellería de Cultura. Asimismo, contará con dos órganos asesores: el Consello de Arquivos de Galicia y la Comisión Nacional de Evaluación Documental de Galicia.

Finalmente, se establecen varios subsistemas de archivos, entre los que se encuentran la Xunta de Galicia, el Parlamento, el Poder Judicial en Galicia; subsistemas de los órganos estatutarios --Consello de Cultura, Consello de Contas, Consello Consultivo, Valedor do Pobo--; así como entidades locales o universidades.

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