Foto: EUROPA PRESS
Los representantes del fondo en NCG cobraron 855.362 euros entre 2011 y 2012
SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas concluye que "la falta de representación" del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el consejo de administración de Banco Gallego "ha podido, al menos, dificultar el cumplimiento" de las previsiones normativas para garantizar el "cumplimiento adecuado del plan de recapitalización".
Así lo recoge en su 'Informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del FROB, de los fondos de garantía de depósitos y del Banco de España relacionadas con la reestructuración bancaria' entre los años 2009 y 2012, que el Tribunal ha remitido al Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.
El documento considera el FROB no ejerció en Banco Gallego "plenamente" los derechos que le correspondían como titular indirecto de la entidad a través de su participación en NCG, ya que no designó un número de miembros del consejo de administración del Gallego que "representara una proporción equivalente" al porcentaje que controlaba en la entidad. Desde octubre de 2011 era de más del 45% y desde marzo de 2013, del 99,95%.
De hecho, desde junio de 2012 sólo una persona representaba al FROB en el Banco Gallego, "a pesar" de que el consejo estaba compuesto por diez miembros, de modo que la proporción "no representaba la titularidad indirecta del FROB en el capital del banco".
El informe, crítico con la lenta reacción y la poca representación en este caso y, en especial, en el de Catalunya Caixa (Cx), no se refiere en los mismos términos al proceso de NCG Banco, sobre el que no destaca este tipo de disfunciones.
Para el caso del banco nacido de las cajas gallegas, el documento hace un repaso de las ayudas recibidas y señala que la suma de las ayudas recibidas procedentes del FROB (incluye la inyección europea, que se realizó a través del fondo estatal) ascendió a 9.054,8 millones de euros.
En el caso de Banco Gallego, indica que recibió ayudas por 246,05 millones de euros del FROB y 800 millones del Banco de España, derivado del protocolo del regulador sobre la provisión de liquidez en situación de emergencia de las entidades de crédito. En concreto, apunta a que se produjo la suspensión del acceso a las operaciones de política monetaria del Eurosistema y al crédito intradía.
En el caso de Catalunya Caixa, el Tribunal de Cuentas cree que la lenta reacción del FROB agravó la situación de la entidad y "supuso un perjuicio para la gestión ordinaria" de la misma.
En dicho documento, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda critica el tiempo que el FROB tardó en nombrar a los consejeros a los que tenía derecho desde su entrada en la caja catalana en octubre de 2011, lo que retrasó la atribución a los mismos de los derechos políticos que les correspondían, algo que no ha sucedido hasta enero de este ejercicio.
FALTA DE CONTROL
Por otra parte, el organismo fiscalizador recuerda también que el FROB tenía el deber de comprobar que las entidades nacionalizadas no aplicaban políticas comerciales agresivas, como se les exigía para "evitar distorsiones a la competencia". En concreto, los bancos beneficiarios de ayudas públicas no podían ofrecer rentabilidades superiores a la media de las rentabilidades más altas ofrecidas por las entidades privadas.
Sin embargo, el Fondo no recopiló la información necesaria para hacer ese seguimiento, según el Tribunal de Cuentas que, tras comprobar si las entidades rescatadas habían ingresado alguna cantidad en concepto de penalización en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), comprobó que "existen indicios para afirmar que, al menos entre junio de 2011 y agosto de 2012, dichas entidades no cumplieron con sus obligaciones de no realizar políticas comerciales agresivas".
Así, el Tribunal de Cuentas recomienda que se incluyan mecanismos "claros" de seguimiento en la normativa reguladora de los procesos de reestructuración y resolución bancaria, y sugiere al FROB "extremar la diligencia en adoptar todas las medidas que la normativa le permita con objeto de asegurar la defensa del interés público en las entidades participadas por apoyadas por el Fondo".
HONORARIOS E INFORMES
El informe de fiscalización hace referencia, por otra parte, a los honorarios recibidos por los representantes del FROB en los consejos de administración de las entidades rescatadas entre 2010 y 2012. Estos trabajadores son representantes del Fondo en su condición de miembro del Consejo de Administración, mientras que los honorarios de los consejeros designados por el FROB son abonados directamente por la entidad de crédito.
Así, los honorarios de los representantes del FROB ascendieron a algo más de 6 millones de euros. En concreto, la entidad donde más se pagó fue en Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), donde se abonaron 1,36 millones de euros entre 2011 y 2012; seguida por Banco de Valencia, con 989.990 euros en dos ejercicios; y por Cajasur, con 932.731 euros en 2010. Desde febrero de 2012, estos honorarios están sometidos a los mismos límites que las retribuciones de los directivos de las entidades rescatadas.
En el pago de los honorarios influyó la decisión del FROB de nombrar representantes en los consejos de administración de NCG y Caixa Catalunya, en lugar de elegir directamente miembros del consejo. En el primer caso, los honorarios los asume el fondo y en el segundo, los asume la entidad.
En las dos entidades se llegaron a pagar 1,78 millones de euros en dos ejercicios, "importe que el FROB no habría tenido que afrontar en caso de que hubiera decidido nombrar miembros del consejo", critica el Tribunal. En concreto 855.362 euros corresponden a NCG, de los que 142.361 corresponden a 2011 y 713.001 a 2012.
Además, subraya que "no consta que el Fondo haya explicitado normas de procedimientos o criterios de actuación para decidir en qué casos designar representantes y en cuáles nombrar consejeros".
COSTE DE LOS INFORMES
Por otra parte, los informes de expertos independientes ascendieron a un total de 15,4 millones de euros, de los cuales 6,6 millones fueron por análisis realizados antes del rescate europeo y los restantes 8,85 millones a raíz de dicha asistencia.
En esta segunda fase, el informe de NCG costó 974.050 euros y el de Banco Gallego, 1,05 millones. También superan el millón de euros los informes que se realizaron a Banco de Valencia (1,24 millones), Cajatres (1,17 millones), BFA-Bankia (1,11 millones) y Liberbank (1,06 millones).
Aunque inicialmente el coste de estos informes debía ser repercutido a las entidades de crédito correspondientes, el 19 de noviembre de 2013 la comisión rectora del FROB decidió no cobrarlos. Por su parte, el Banco de España gastó 31,4 millones en informes de expertos que finalmente pagó el FGD junto con los 6,6 millones de IVA repercutido.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas recomienda al FROB que apruebe normas de gobierno corporativo para las entidades nacionalizadas, de las que carece actualmente.
