Entrega un organigrama de Adif con el que identifica a quienes cree responsables de que no hubiera análisis de riesgo en la curva
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El abogado que representa al maquinista Francisco Garzón, que el 24 de julio de 2013 conducía el tren Alvia que descarriló en el barrio de Angrois (Santiago), ha interpuesto un recurso para que el juez que investiga el accidente cite a dos cargos de Adif que, según Manuel Prieto, son quienes "decidieron intencionadamente no cumplir la normativa" y "no realizar análisis y evaluación de riesgos" en el tramo que abarca la curva de A Grandeira.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, adjunta parte de un organigrama del administrador de infraestructuras ferroviarias con el que Prieto identifica al director de operaciones e ingeniería de red de alta velocidad José Manuel Galindo y al subdirector de instalaciones de control de tráfico Juan Antonio Sánchez.
"Consideramos que resulta justificada, útil y necesaria la diligencia de investigación interesada, no solo para la citada defensa, sino también para la acusación, y entra de lleno en la cuestión del análisis de riesgos que actualmente se está investigando", subraya el letrado.
Y es que en su auto del 1 de febrero, el titular del juzgado número 3 de Santiago, Andrés Lago, consideró que no se justificaba "la utilidad" del testimonio del director de obras de Adif al que ahora señala la defensa de Garzón (Sánchez).
Se refería a él como "el testigo/investigado no identificado", por lo que Prieto replica ahora que tanto él como su superior están "plenamente identificados", y le pide llamarlos en calidad de investigados "o en su caso testigos".
LAS ACTAS DE ADIF
Esta petición se deriva de unas actas internas de Adif --aportadas a la causa por el propio abogado del maquinista-- que reflejan que el departamento de seguridad --cuyo titular era en ese momento Andrés Cortabitarte, uno de los investigados en el caso-- "exige" para el tramo en cuestión un caso de seguridad y el ISA (el documento que realiza un evaluador independiente).
La dirección de obras hace "caso omiso", según relata el letrado de Garzón, de lo que deduce que "se decidió intencionadamente no cumplir la normativa Cenelec y no realizar análisis y evaluación de riesgos para el sistema de control, mando y señalización del tramo donde se encuentra la curva donde ocurrió el siniestro". Y Cortabitarte, por su parte, lo "asumió, no imponiendo su criterio como director de seguridad".
