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PONTEVEDRA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha desestimado el recurso presentado por la familia de Sonia Iglesias, desaparecida en agosto del 2010, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de no autorizar una nueva prueba la testifical de los funcionarios de Policía encargados de la investigación y la prospección mediante georradar o radar de penetración terrestre (GPR) para la detección de restos humanos.
El auto del alto tribunal provincial señala que el derecho a la prueba, como viene manifestando el Tribunal Constitucional, "no tiene carácter ilimitado y, por ello, el juzgador no tiene la obligación de admitir todos los medios propuestos por las partes".
"En el presente supuesto, no obstante comprender el Tribunal la angustia de la familia, no encontramos motivo o razón alguna que nos permita concluir que la resolución denegatoria de la instructora carezca de fundamento, o que éste sea arbitrario, caprichoso o irrazonable", apunta el auto dictado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
La petición de la familia de la pontevedresa desaparecida se formuló a raíz de que aquel 18 de agosto un repetidor de telefonía situase en la zona de Monte Castrove, en el municipio de Poio, una llamada supuestamente realizada por el compañero sentimental de la pontevedresa desaparecida, Julio Araújo, unas dos horas después de que se hubieran tenido las primeras noticias de la ausencia de Sonia en su puesto de trabajo.
TESTIMONIOS
Igualmente, la familia pretendía que volviesen a prestar testimonio varios policías que participaron en la investigación de esta desaparición, algunos de ellos pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Madrid y otros de la misma unidad, pero de la Comisaría de Pontevedra.
Ahora la jueza especializada en violencia de género tendrá que abordar la solicitud de desimputación planteada por el abogado de Julio Araújo hasta que la resolución de este recurso sea firme.
