La Diputación de Ourense concluye que "no existen elementos para iniciar expediente" contra el jefe de RRHH

 

La Diputación de Ourense concluye que "no existen elementos para iniciar expediente" contra el jefe de RRHH

Actualizado 05/05/2017 16:56:27 CET

Estudia la posibilidad de personarse en calidad de perjudicada "a la vista de las subvenciones otorgadas" a la entidad investigada

   OURENSE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

   La Diputación de Ourense considera que "no existen elementos para iniciar un expediente disciplinario" contra el jefe de Recursos Humanos, José Luis Suárez, investigado en el marco de una casa sobre un supuesto fraude de 500.000 euros en cursos de formación.

   Así lo ha señalado la institución provincial a través de un comunicado en el que da a conocer los resultados de las diligencias informativas abiertas el pasado viernes para esclarecer si existe alguna relación entre la actuación del jefe de Recursos Humanos y el fraude de los cursos de formación investigado.

   Las conclusiones del informe hecho público este viernes descartan una actuación contra el responsable de Recursos Humanos y señalan la posibilidad de que el ente provincial pueda personarse contra una de las entidades investigadas, a la que subvencionó tres actividades entre los años 2008 y 2012.

   Las diligencias informativas realizadas por el vicesecretario general del ente provincial, Juan Marquina, argumentan que "con la información existente" y "ante el secreto sumarial" acordado en las diligencias judiciales "no existen elementos" para abrir un expediente disciplinario contra el responsable de Recursos Humanos.

   Las conclusiones se han emitido a raíz de la entrevista realizada por Juan Marquina al responsable de Recursos Humanos el pasado 3 de mayo y en la que ha detallado su comparecencia como investigado por su supuesta participación en un delito de soborno.

"TOTAL COLABORACIÓN"

   El informe emitido por Marquina explica que Suárez "afirma desconocer qué presuntos hechos delictivos concretos se le imputan" y si está investigado judicialmente, ya que "su abogado no ha podido acceder al expediente instruido por encontrarse bajo secreto de sumario".

   En su declaración, el investigado "ha negado rotundamente haber cometido el presunto delito de soborno" que se le imputa y ha manifestado su "total colaboración" con el instructor de las diligencias para "facilitar la información que le sea requerida", abunda el vicesecretario general de la Diputación.

PAGOS A LAS ENTIDADES INVESTIGADAS

   Durante las diligencias informativas Marquina también ha recabado información sobre supuestos pagos o subvenciones que la Diputación Provincial haya podido hacer a la entidad investigada (el Centro de Formación San Pablo); a su propietario, presunto responsable de la red, o a la esposa de éste --que trabaja en la Xunta-- sin que consten en el registro de contabilidad.

   Sí se ha comprobado, por el contrario, la presencia de la Asociación de Alumnos y Exalumnos del centro San Pablo (AEXPA), otra de las entidades investigadas, en el registro de contabilidad de la Diputación. Los datos reflejan que esta empresa consta con tres subvenciones "concedidas y pagadas" por un importe total de 34.000 euros.

   De este modo, se trata de una subvención por 30.000 euros, en noviembre de 2008, para la celebración de un Congreso de Arte e Historia Medieval de Ourense; otra en diciembre de 2012, por 2.000 euros, para un curso de graduado de ESO; y una última de 2.000 euros, en diciembre de 2012, para un curso de formación a cuidadores de enfermos de alzheimer.

   "A la vista de las subvenciones otorgadas por esta Diputación a la entidad investigada, debería consultarse con la asesoría jurídica la posibilidad de personarse esta administración en las diligencias, en calidad de perjudicada", concluye el informe del vicesecretario del ente provincial.

LAS PESQUISAS

   La investigación, iniciada en 2015, ha destapado, según la Policía, una trama ideada por el responsable del centro de estudios, que ya no existe, para obtener de forma fraudulenta subvenciones públicas; burlando las condiciones y requisitos exigidos por ley mediante falsedades y engaños.

   Varias de las personas investigadas señalaron la existencia de "un contacto en la Diputación" que colaboraba con el propietario del centro de estudios para introducir en esta entidad a determinados alumnos. También aseguraron que a algunos de estos alumnos se les llegó a ofrecer una plaza en la Diputación pagando hasta 12.000 euros.

   A raíz de este operativo la Policía Nacional detuvo a cinco personas por falsedad documental, contra la hacienda pública y la Seguridad Social, contra la Administración Pública y por blanqueo de capitales, estafa y cohecho.

   Otras dos personas, entre las que se encuentra el jefe de Personal de la Diputación y alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, se incluyen como investigadas.

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