La dirección autonómica del PPdeG "respetará los tiempos de la Justicia" y ajustará su actuación "a lo que dicen los Estatutos"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
Los siete ediles de Santiago que autorizaron en una junta de gobierno local el pago de la defensa del también concejal Adrián Varela, imputado en el marco de la 'Operación Pokémon', se mantendrán en su cargo y el PPdeG actuará con ellos "según estipulan" los Estatutos de la formación, de forma que el cambio inmediato que les atañe es que su expediente informativo se transformará en disciplinario, toda vez que tendrán que sentarse en el banquillo el próximo 19 de mayo.
Lo han ratificado a Europa Press fuentes del PPdeG después de que la Audiencia Provincial de A Coruña desestimase el recurso contra la decisión judicial de ordenar la apertura de su juicio oral.
Concluye la Audiencia en su auto que "del tenor literal del acuerdo resulta la probabilidad de que el gasto se haya asumido de forma incondicionada, sin sujeción a las exigencias que derivan de la ley y la jurisprudencia, exigencias conocidas por los concejales por constar expresamente en el informe del que se les dio cuenta inmediatamente antes de la adopción del acuerdo".
Además, añade la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, que éste es el "dato fundamental", al que cabe añadir otros indicios invocados por el Ministerio Fiscal, como son la urgencia en la adopción del acuerdo o la peculiaridad de que contenga una especie de estipulación al asumir el gasto en favor de un concreto letrado.
La decisión de la Audiencia no ha variado la postura del PPdeG con respecto a los siete ediles y, pese a que el partido está habilitado --y así lo ha hecho en otras ocasiones-- para adoptar decisiones contundentes como pedir o forzar la dimisión de un cargo antes de sentencia si considera que existe información "suficiente" de que se ha cometido una irregularidad, los populares no consideran que éste sea el caso.
De hecho, según las fuentes consultadas por Europa Press, entienden que no hubo una actitud "reprobable" y están dispuestos a "respetar los tiempos de la Justicia" y a esperar a que ésta sea la que decida.
AVAL DE LOS ESTATUTOS
Los Estatutos del partido amparan esta postura, toda vez que el PPdeG prevé en los mismos abrir un expediente informativo contra cargos con imputaciones judiciales, que sólo se transforma en disciplinario en el caso de que se produzca señalamiento de juicio oral --situación en la que se encuentran ahora los concejales compostelanos-- y se resuelve cuando finaliza el procedimiento judicial con la correspondiente sentencia.
Así, el expediente disciplinario incluye el matiz de que la resolución final tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, haya un sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial, con lo que en la situación actual los concejales imputados por prevaricación se podrán mantener en tanto cuenten con el respaldo de los dirigentes del partido.
COMPROMISO DE FEIJÓO
El propio secretario xeral del PPdeG y vicepresidente del partido, Alfonso Rueda, ya afirmó en su día que la dirección de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo aplicaría los Estatutos, dando a entender que los ediles seguirían en su puesto hasta que haya sentencia --la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación en su escrito--. "No hay cosa más clara que los Estatutos, que están escritos para cumplirse", dijo entonces.
Al margen de los Estatutos populares, el único compromiso que Feijóo ha realizado públicamente y en sede parlamentaria por el momento ciñe las dimisiones automáticas a los casos con medidas cautelares. Así, con independencia de lo que diga el reglamento interno del PPdeG, su jefe de filas ha garantizado que los cargos populares o de la Xunta con medidas cautelares tendrán que dimitir o serán destituidos "sean o no acusados" y antes de juicio oral.
