El Gobierno tilda de "calumnias" las afirmaciones de la firma, que habla de "ofertas de 'ayuda' de 'amigos' del presidente"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
Mineira de Corcoesto, la filial que creó la canadiense Edgewater para explotar oro en terrenos de Cabana de Bergantiños y Coristanco, en la provincia de A Coruña, ha interpuesto un escrito y varios documentos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en los que acusa a la Xunta de una "singular forma de proceder" en la tramitación del proyecto, y asegura que se le denegó por su "negativa" a "ceder ante determinadas presiones".
En la demanda contencioso-administrativa, a la que ha tenido acceso Europa Press y que está fechada el pasado 11 de marzo, la empresa compara al actual Gobierno gallego con el de la Venezuela de Hugo Chávez, al denunciar que actuó "inventando leyes nuevas y decretos por el camino para parar" los planes de la compañía.
En concreto, recoge un correo electrónico remitido por el presidente de Edgewater a su gerente en España --según la demanda, el 12 de noviembre de 2014-- en el que se lamenta de la denegación del proyecto con expresiones como que no alcanzaba a ver "qué podía haber hecho de manera distinta, a parte de pagarles $$$$ a los políticos".
"Ahora veo muy poca diferencia entre el gobierno de Venezuela y la manera en que la Xunta nos está tratando. De hecho, los caminos son casi idénticos. La lenta erosión de derechos, la denegación de permisos, inventando leyes nuevas y decretos por el camino para pararnos, 'amigos del presidente que vienen a nosotros con ofertas de 'ayuda' (que generalmente quieren decir $$ en una maleta Samsonite), etc., etc.", sostiene el directivo de la firma canadiense en el mail.
"PRETEXTO PARA UNA DECISIÓN POLÍTICA"
La demanda señala directamente al director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, al que atribuye un cambio "arbitrario" de las reglas del juego, "sorpresivamente", después de haber obtenido la minera "todos los informes sectoriales favorables", la declaración de impacto ambiental "favorable" y "teniendo comprometida la financiación del proyecto por varias entidades financieras".
Al respecto, indica que "sorpresivamente" concedió "un plazo de 10 días" para justificar una ampliación de capital por importe de 30,4 millones, "totalmente desembolsada", y censura que "nunca antes" la administración había solicitado que se cumpliera un requerimiento "similar" para un caso "comparable". "Había suficiente músculo financiero", apostilla.
En este sentido, considera que se "inventaron nuevas exigencias" en un requerimiento que ve "ilegal" y al que, además, sucedió, "al día siguiente" de informar al conselleiro la empresa de sus "avances" en aquellas gestiones, el anuncio del presidente de la Xunta en el debate sobre el estado de la autonomía de 2013 de que el proyecto no se autorizaría. "Estando todavía abierto el plazo para que la empresa acreditase, de aquella singular forma, su solvencia económica", critica.
Así, cree que las declaraciones del titular del Ejecutivo "deben entenderse en clave política, que no jurídica" y reprueba que "a partir de ahí, se buscó un pretexto, en apariencia jurídico, para fundamentar aquella decisión política".
PIDE SER INDEMNIZADA EN UNOS 20 MILLONES
La empresa pide que se dé por presentada esta demanda contencioso-administrativa y solicita que se anulen las resoluciones que supusieron la denegación de la explotación en Corcoesto.
Si no, subsidiariamente, reclama ser indemnizada "en los daños y perjuicios causados". Según el propio escrito, invirtió unos 20 millones de euros en adquisición, ejecución de sondeos y realización de todo tipo de estudios.
Además, llama la atención sobre que el proyecto denegado no buscaba que se le otorgasen unos derechos mineros, porque dichos derechos "ya los tenía", sino que lo que se pretendía concretar era "una específica forma de aprovechamiento del oro contenido en aquellos derechos mineros".
"DESPECHO DE UNA EMPRESA A LA QUE SE DIJO QUE NO"
Por su parte, la Xunta ha asegurado que ha dado traslado a su asesoría jurídica de la demanda, que recibió "hace poco" y ante la que todavía está en plazo de responder.
Fuentes de la Consellería de Economía e Industria consultadas por Europa Press han apuntado que "se analizarán las actuaciones legales" a emprender y, si se pueden iniciar, se adoptarán medidas.
Sobre las acusaciones, las ha tildado de "calumnias", y ha subrayado que son "totalmente inadmisibles", además de atribuirlas al "despecho de una empresa" a la que, según destacan, "se le dijo que no" al proyecto por razones de tipo técnico y desde el punto de vista de la solvencia económica.
Además, esto fue avalado por el Tribunal Constitucional", agregan estas fuentes, que censuran, por su parte, lo que interpretan como "una estrategia" de la empresa para que se le indemnice con esos en torno a 20 millones.
