La Fiscalía actuará de oficio en los accidentes de tráfico constitutivos de delito que se tramiten como faltas

Actualizado 05/10/2007 15:47:45 CET

Alberto Rodríguez destaca la "permisividad" de la legislación española en seguridad vial al respecto de otros países

VIGO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal delegado coordinador de Seguridad Vial de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Alberto Rodríguez Fernández, afirmó hoy en la localidad pontevedresa de Mondariz-Balenario que el Ministerio Público actuará "de oficio" en los accidentes de tráfico "más graves" y que se tramiten como faltas y que, por tanto tienen, como mucho, "sentencias condenatorias menores".

Rodríguez Fernández, que participó hoy en el Foro Segurauto, donde expuso las principales medidas de su departamento para reducir la siniestralidad. También explicó que la mayoría de accidentes con víctimas se tramitan por juicio de faltas y que, en muchos casos, si la víctima y el autor del sinistro llegan a un acuerdo sobre la indemnización, no se presenta la denuncia y "el procedimiento se archiva sin que haya sanción".

Así, en declaraciones a los medios, explicó que "no se trata de llevar todos los procedimientos a delito porque sería contraproducente", pero sí examinar los de mayor gravedad y que, sin embargo, "se desviaron a faltas cuando debían haber ido por procedimientos por delito". En este caso, en el de delito, es cuando la Fiscalía puede actuar de oficio, independientemente de que la víctima y el conductor lleguen a un acuerdo indeminzatorio.

Alberto Rodríguez apeló a la "prudencia" en la selección de los casos, debido a la "dificultad" de seleccionar estos casos y valorar las conductas más graves. "Es difícil encontrar el punto medio" una vez que se ha pasado de unas normas más duras, como en la década de los 80 del pasado siglo, hasta la mayor "permisividad" que hay actualmente.

También explicó que la sanción "no tiene que suponer ir a la cárcel", sino que las condenas pueden suponer el someter a los infractores a iniciativas de reeducación como ocurre con otro tipo de delitos, como los de maltrato. Según afirmó, este último caso es "un buen modelo a seguir", por lo que defendió que se tome como ejemplo en los delitos contra la seguridad vial.

INFORME.

Otra de las medidas que la Fiscalía gallega pondrá en marcha será un informe, encargado a la Guardia civil de Tráfico, en el que se analicen de forma pormenorizada las características determinantes de la siniestralidad específica en la red viaria gallega, teniendo en cuenta aspectos como la configuración del territorio, la dispersión poblacional, la necesidad de movilidad y el desplazamiento de los habitantes en cuanto a kilómetros recorridos.

También se estudiará el perfil de los conductores, los medios de transporte utilizados y la capacidad estructural de las vías. Este documento, cuyos datos se empezarán a recopilar en noviembre y se espera que las primeras conclusiones estén para el verano, servirá para diseñar medidas para disminuir la alta siniestralidad en las carreteras.

Para todas estas medidas harán falta "más medios personales como de estructura" de la Fiscalía, según explicó, al tiempo que recordó que en los últimos años ya se han registrado aumentos y mejoras en estos ámbitos.

LEGISLACIÓN PERMISIVA.

Por otra parte, destacó la "permisividad" de España frente a otros países europeos con legislaciones más duras, como Gran Bretaña, y que, según añadió, "han dado resultados" de reducción de la siniestralidad. En este sentido, explicó que las normativas también han ido complementadas con otras medidas como "la mejora de infraestructuras, la reducción de los tiempos de asistencia sanitaria o iniciativas de reeducación".

Por ello, defendió este endurecimiento y destacó que "no se trata de criminalizar a todos conductores" sino de intensificar el control de los casos más graves, con conductas "absolutamente insolidarias" y que ponen en riesgo la vida de las personas.

De este modo, se refirió a accidentes como el del pasado fin de semana en Sarria, donde murieron dos menores ocupantes de un coche conducido por un joven en estado de ebriedad y donde, "los hechos parecen constitutivos de delito".

En este caso, admitió que, para la sociedad, "resulta difícil de comprender" que el presunto autor de los hechos no sea enviado a presión preventiva, pero destacó que esta medida cautelar "no es una pena anticipada", sino que sólo se aplica en caso de peligro para la víctima, de reincidencia o de riesgo de fuga, condiciones que no se dan en este caso.

Explicó que, comparando la ley actual y la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial aprobada ayer en el Congreso, y que endurece los castigos a los conductores que sobrepasen los límites de velocidad o que superen las tasas de alcohol permitidas, en casos como el de Sarria sí habría modificaciones en cuanto a la posible sentencia condenatoria, pero no en cuanto a las medidas cautelares.

Por ello, recordó que se debe diferenciar la prisión preventiva con la condena que finalmente le sea impuesta y destacó que, en cuanto a las medidas cautelares, "la legislación actual y la nueva no cambian".

SEGUROS.

Por otra parte, la directora de Segurauto, María José Fernández, explicó que la nueva ley sobre seguros de automóviles aprobada el pasado 12 de agosto llevará consigo un aumento de la protección de las víctimas, puesto que se pasará de los 350.000 euros por víctima, a un mínimo de un millón de euros por víctima.

Fernández destacó que esta medida ayudará a que España se coloque en la línea de los demás países europeos ya que hasta ahora "las víctimas estaban muy desprotegidas". En todo caso, aseguró que "el ciudadano no tiene por qué pagar" este aumento de cobertura por lo que rechazó que la reforma legislativa dé lugar a un encarecimiento de los seguros.

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