La Fiscalía llega a acuerdos de conformidad con 13 empresas procesadas en la 'Operación Trucarro'

Publicado 20/03/2018 15:09:01CET

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía ha informado este martes de que alcanzó acuerdos de conformidad con los responsables de 13 de los 20 establecimientos de compra-venta de coches usados que, en septiembre de 2016, fueron acusados de estafa por la manipulación del kilometraje de los vehículos, en el marco de la 'Operación Trucarro'.

   El juicio, que no pudo empezar ni el pasado jueves ni este martes debido a la huelga indefinida que los funcionarios de justicia de Galicia mantienen desde el pasado 7 de febrero, queda pendiente frente a a siete encausados relacionados con siete empresas.

   Además, también se juzgará al J.G, el principal acusado de esta red, así como a cuatro de sus empleados de un taller de O Milladoiro, en Ames (A Coruña), por "cooperadores necesarios", ya que la Fiscalía considera que a través de sus servicios era como se llevaba a cabo la alteración de los kilómetros recorridos.

   El Ministerio público ha explicado que los acuerdos de conformidad incluyen el reconocimiento de los hechos por parte de quienes vendieron los coches, y la indemnización a los clientes estafados por esta red, que afectó a más de 300 personas.

TIPOS DE COMPENSACIÓN

   En algunos casos las compensaciones se ajustan a las establecidas por la Fiscalía en el escrito de calificación, mientras que en otros se corresponden con acuerdos entre las partes. Así, la Fiscalía ha precisado que, desde el punto de vista de la técnica procesal, las conformidades se basan en centrarse en el engaño que sufrió el comprador por parte de quien le vendió, prescindiendo del hecho de que fuera por medio de un servicio técnico que proporcionaba J.G.

   Con estas medidas, el Ministerio fiscal ha explicado que pretende facilitar un juicio de "gran complejidad" por el alto número de acusados (hasta 42), perjudicados (más de 300), pruebas e informes periciales a presentar.

   Además, también busca el resarcimiento rápido de las víctimas y el reconocimiento de los ilícitos por parte de los responsables de las estafas.