LUGO, 31 May. (EUROPA PRESS) -
Una funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo ha aceptado la pena de un año y seis meses de prisión y una sanción económica con cuota de nueve euros diarios durante seis meses (unos 1.620 euros) por un delito continuado de falsedad y prevaricación derivado de la retirada de multas de tráfico.
La trabajadora pública, que también ha aceptado un año y cinco meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con el departamento de sanciones de cualquier jefatura provincial de Tráfico, estaba acusada de sobreseer irregularmente expedientes sancionadores a personas con las que mantenía una relación de amistad.
El Ministerio Fiscal pedía inicialmente cinco años y seis meses de cárcel, así como una multa de 7.920 euros, y la inhabilitación para ejercer empleo público durante un período de seis años, a raíz de unos hechos que se remontan al periodo de entre 2006 y 2008.
La trabajadora investigada habría retirado las multas con la disculpa de que los conductores habían realizado alegaciones, que habían sido estimadas, aunque la Fiscalía constató que éstas ni siquiera fueron presentadas.
Así las cosas, junto con la funcionaria, en el banquillo se han sentado otros tres procesados que supuestamente se habrían beneficiado del sobreseimiento irregular de las multas y que han aceptado, según el acuerdo de conformidad, penas de cárcel menores a sustituir por sanciones económicas y multas.
CONDENA AL ALCALDE DE MONTERROSO
Esta causa es conocida coloquialmente como la trama 'blanda' de las multas, ya que las diligencias partieron de una investigación judicial en la Jefatura Provincial de Tráfico, que se dividió en dos.
Con respecto a la otra parte, el Tribunal Supremo determinó recientemente reducir la condena que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo impuso al alcalde de Monterroso y exsubdelegado del Gobierno, Jesús Otero, como autor de un delito continuado de tráfico de influencias, y al que fuera jefe provincial de Tráfico en Lugo, Julio González, por prevaricación y falsedad documental, en el caso de la trama de retirada de multas en la provincia.
En concreto, la sentencia estima parcialmente los recursos presentados por los condenados y anula la sentencia de la Audiencia Provincial para dictar otra en la que tiene en cuenta la "atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas" y reduce las penas respecto a las impuestas el 30 de junio de 2015. No obstante, mantiene como probados los delitos.
