Gallardón se compromete a estudiar las peticiones de indulto de cuatro sindicalistas gallegos

Actualizado 07/07/2014 14:23:10 CET

El ministro advierte de que se debe atender cada asunto de modo "individualizado y pormenorizado" y evita dar fechas

   SANTIAGO/MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha mantenido este lunes una reunión con los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, en la que se ha comprometido a estudiar las tres peticiones de indulto que afectan a seis sindicalistas, solicitadas por ambos sindicatos, correspondientes a casos de Vigo --Serafín Rodríguez y Carlos Rivas--, Pontevedra --Ana Outerelo y Tamara Vidal-- y Granada.

   En lo que respecta a Galicia, Serafín Rodríguez (CIG) y Carlos Rivas (UGT) fueron acusados por haber lanzado piedras y objetos contra los camiones que entraban a la Zona Franca de Bouzas durante un piquete informativo en una huelga del transporte de 2008 y condenados a tres años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores.

   Ana Outerelo y Tamara Vidal, dos trabajadoras pontevedresas condenadas a tres años de cárcel por su participación en un piquete durante una jornada de huelga, han recibido en los últimos días la paralización de la ejecución de la sentencia para entrar en prisión.

   En cuanto a Granada, se trata de los casos de Carlos C.N. y María del Carmen B.C., condenados a tres años de prisión por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada por su actuación durante un piquete del Movimiento 15M de Granada en la huelga general del 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral del Gobierno.

"ESTUDIO DE CADA CASO"

   En un encuentro con los medios de comunicación a la salida de la reunión, el ministro ha recordado que el derecho de gracia exige "un estudio individual de cada caso" y no puede contemplarse como una política general, ya que se debe atender cada asunto de modo "individualizado y pormenorizado".

   En concreto, una de las peticiones aún no ha entrado en el Ministerio de Justicia (la de Granada), otra está remitida a solicitud de informe, mientras que de la tercera ya hay informes, por lo que Justicia puede comenzar los trámites.

   Ruiz-Gallardón ha declinado establecer una fecha exacta sobre cuándo podrá estar lista la respuesta al último caso, aunque ha indicado que el tiempo que se tarda en resolver estos trámites está entre uno y tres meses, dependiendo de la complejidad.

   Sin embargo, no ha querido anticipar cual será la propuesta que el Ministerio de Justicia remitirá al Consejo de Ministros sobre el caso, aunque ha admitido que es cierto que "no hay violencia".

REVISIÓN CÓDIGO PENAL

   Además, ha indicado que el Ministerio ha recibido la petición de los sindicatos de una revisión normativa del artículo 315 del Código Penal, que es el que establece las penas para las conductas que impiden el ejercicio del derecho de huelga o al trabajo, y se ha comprometido a remitir esta propuesta a los portavoces de todos los grupos parlamentarios.

   En esta misma línea, ha afirmado que el Ministerio tiene que "aplicar la ley tal y como establece el legislador" y que éste defiende "claramente" tanto el derecho a la huelga como el derecho a no secundar esa huelga.

   Por otro lado, ha señalado que durante el mandato del Gobierno no se ha producido ninguna modificación del artículo 315 del Código Penal, que no ha habido instrucciones por parte de la Fiscalía General del Estado sobre la interpretación de este artículo y que la actuación de fiscales y jueces "es fruto de su propia reflexión".

ACTITUD RECEPTIVA DEL MINISTRO

   Por su parte, Toxo ha afirmado que durante la reunión ha percibido una "actitud receptiva" del ministro a las propuestas de los sindicatos y ha añadido que Ruiz-Gallardón "ha entendido las razones" expuestas.

   Asimismo, ha indicado que los sindicatos han trasladado al Ministerio su "preocupación" por los procesos penales abiertos y su inquietud por "lo que parece una acción concertada de la Fiscalía". Además, ha señalado que durante la reunión han solicitado que se produzca una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

   Mientras, Méndez ha señalado que el Ministerio de Justicia "es consciente de la trascendencia" de estos casos, y ha recordado que hay trabajadores que "están a un paso de ingresar en prisión".

   Por otro lado, ha mostrado su "preocupación" por la Ley de Seguridad Ciudadana, puesto que "no se pueden recortar derechos fundamentales", y ha añadido que el ministro se ha comprometido a comentarlo con el Ministerio del Interior.

   Además, el representante de UGT ha insistido en que en una huelga general prima el derecho a la huelga sobre el derecho al trabajo, al tiempo que ha recordado que estas situaciones "se han dado durante 35 años" y ha afirmado que es en los dos últimos años cuando se ha inducido un cambio de criterio por parte de la Fiscalía.

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