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Lo prorroga un mes en parte de 58 tomos porque "continúan practicándose diligencias de investigación"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, ha levantado parcialmente el secreto sobre una serie de folios de 46 tomos de la denominada 'Operación Pokémon' al considerar que "en estos momentos no existe riesgo alguno para la instrucción derivado del conocimiento público por las partes de los hechos investigados y afectados".
Además en el marco de esta causa centrada en una supuesta trama de pagos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos, la jueza mantiene el secreto sobre la pieza separada relacionada con el exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa.
Así lo recoge en un auto con fecha de 9 de septiembre, notificado este miércoles, al que tuvo acceso Europa Press, en el que enumera una serie de folios incluidos en 46 tomos entre el número 1 y 121 sobre los que ha acordado levantar el secreto, "así como de aquellas investigaciones relacionadas con los mismos que se han ido practicando".
En el auto, la instructora señala que "procede prorrogar por tiempo de un mes" el secreto parcial de sumario que afecta a las actuaciones relativas a los restantes folios de la causa y las investigaciones relativas a los hechos que se refieren, que se mantendrán en secreto, ya que continúan practicándose diligencias de investigación cuyo conocimiento por las partes podría frustrar el éxito de la instrucción".
En este sentido, De Lara enumera folios de 58 tomos de entre el 1 y 122 incluidos en la causa sobre los que prorroga el secreto. Asimismo, declara "la continuidad del secreto de las manifestaciones de los exconcejales compostelano Amelia González y Albino Vázquez, así como las del exregidor Gerardo Conde Roa y el marchante de arte Leonardo Patterson "en tanto no se cotejen por el secretario judicial", momento en el que, añade la jueza, "se levantará parcialmente o totalmente el secreto de tales declaraciones en función del estado de las investigaciones en curso seguidas en otras diligencias previas".
Recuerda la instructora, como en autos anteriores, que las actuaciones declaradas secretas, en las que se prorroga durante un mes, "se continuarán practicando en una pieza aparte a fin de no interferir el curso y desarrollo de cada uno de los procedimientos".
COPIA DIGITALIZADA
De Lara explica a las partes en el auto de 9 de septiembre que "por razón de espacio, agilidad y comodidad de las propias partes, el acceso a las actuaciones se facilitará a través de copia digitalizada en el correspondiente soporte digital, tan pronto finalice el proceso de digitalización".
No obstante, señala a las partes que, a medida de que tales folios se vayan digitalizando por el servicio de informática de los juzgados, se podrá consultar las actuaciones "por las partes en la oficina judicial".
IMPUTADOS
La 'Operación Pokémon' supera el centenar de presuntos implicados en esta instrucción judicial que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años.
En el epicentro se sitúan las empresas del grupo Vendex, cuyas actividades se investigan en esta pieza separada, aunque también la concesionaria del servicio de aguas Aquagest centra otras ramas de esta investigación, entre otras empresas salpicadas.
Desde que la operación estalló el 20 de septiembre de 2012 con la detención de los entonces alcaldes de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdeG); y de Boqueixón, Adolfo Gacio (PPdeG); y del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, la 'Operación Pokémon' ha salpicado a otros gobiernos locales de las ciudades más importantes de Galicia.
Así, están imputados en esta operación los regidores de Lugo, José López Orozco (PSdeG), y el exalcalde de Santiago Ángel Currás (PP). En la capital de Galicia fueron imputados varios ediles que ya han renunciado, así como el concejal socialista Bernardino Rama, mano derecha del exregidor Xosé Sánchez Bugallo. Por su parte, en A Coruña está imputado el teniente de alcalde, Julio Flores (PP), así como el concejal socialista José Nogueira. A ellos, se suma el regidor de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que también está imputado.
Aparte de los políticos y técnicos salpicados en estos ayuntamientos, también permanece imputado el alcalde de O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes (PP), y se ha recabado información de la concesión de servicios públicos en otros múltiples consistorios como los de Ortigueira, Marín, Oroso, Ponte Caldelas o Arzúa, entre otros, así como otros de Cataluña y Asturias.
En otros ayuntamientos más pequeños, como Ordes, también declaró como imputada la concejala de Educación y teniente de alcalde, Silvia Marín, del grupo independiente Unión por Ordes. En Cospeito, Manuel Pico Yáñez, que había sido elegido en la lista del PSdeG, fue llamado como imputado por su condición de empresario. Poco después de prestar declaración ante la jueza, presentó su dimisión Fernando Varela, que era concejal del BNG en el Ayuntamiento de Ourense.
La 'Pokémon' también acabó por salpicar a Paula Prado, diputada autonómica que presentó su dimisión como portavoz del PPdeG tras meses de revelaciones sobre las investigaciones de las que fue objeto, que ha declarado en calidad de testigo. La parte relativa a la parlamentaria, al ser aforada, ha sido remitida al TSXG, que tiene pendiente decidir si la investiga, tras recibir el visto bueno de la Fiscalía al respecto.
Dentro de la propia macroinvestigación de la 'Pokémon' se han subdividido algunas operaciones como la 'Manga', que se centró en Santiago y en la que acabó imputado el exalcalde Gerardo Conde Roa, o la 'Pikachu', nombre con el cual fue bautizada la rama que investiga las concesiones en A Coruña.
