El PPdeG defiende que se garantiza la "accesibilidad universal" y se endurecen las sanciones
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ley de accesibilidad de Galicia nace con un alto grado de consenso tras incorporar más de un centenar de enmiendas de la oposición, pero los grupos de la oposición se han quedado en la abstención, puesto que consideran que la normativa, que entre otras cuestiones promueve la eliminación de barreras arquitectónicas, tendría que tener un carácter más "universal".
En todo caso, el diálogo entre los grupos se ha mantenido hasta el último momento, de manera que la diputada del PPdeG Marta Rodríguez Arias ha hecho una propuesta de transacción de enmiendas en el debate de este martes, esto es, se han incorporado otros tres textos pactados por los grupos.
Concretamente, la propuesta incluye ampliar la clasificación de lo que se estima como instalaciones de uso público. "Se considerarán edificios, establecimientos o instalaciones de uso que implique concurrencia de público para la realización de actividades de interés social, recreativo, deportivo, cultural, educativo, comercial, administrativo, asistencial, residencial, religioso, sanitario o análogas", recoge la enmienda.
Asimismo, la propuesta es mejorar los itinerarios accesibles, tanto en lo que se refiere en su diseño como en las indicaciones para conectar los exteriores de las parcelas y las entradas a los edificios en residencias privadas, incluidos los garajes.
"Los accesos a todo edificio deberán garantizar la accesibilidad al interior de los mismos mediante itinearios accesibles fácilmente localizables que lo comuniquen con la vía pública y con plazas accesibles de aparcamiento", incluirá ahora el texto.
Además, cuando existan varios edificios integrados en un mismo complejo, "estarán comunicados entre sí y con las zonas comunes mediante itinerarios accesibles".
Finalmente, en cuanto a la accesibilidad en el exterior del edificio, los grupos han pactado que "la parcela dispondrá, al menos, de un itinerario accesible que comunique la entrada principal al edifico y, en conjuntos de viviendas unifamiliares, una entrada a la zona privativa de cada vivienda con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos, jardines, piscinas o zonas deportivas".
EN EL DEBATE
Durante el debate, todos los grupos han coincidido en el esfuerzo realizado en el trámite de ponencia y, en el caso de la oposición, se hizo hincapié en que la normativa llegaba a la Cámara con carencias que, en buena parte, fueron enmendadas.
Rodríguez Arias defendió que la normativa aprobada incluye medidas para garantizar una "accesibilidad universal" y establece un nuevo régimen sancionador para "proteger los derechos de las personas con discapacidad para frenar comportamientos discriminatorios y favorecer la igualdad de oportunidades".
Por su parte, la diputada del PSdeG Carmen Gallego destacó el "número importante" de enmiendas aprobadas, pero ha lamentado que al quedar pendientes varias en "el tintero", la normativa nace "lastrada" y "no es una ley universal" como se pretendía.
Xabier Ron, por parte de AGE, abundó en este sentido y ha reclamado que "el diálogo no cese". "Y que el PP siga abriendo su mirada y ampliando su horizonte; y que haga de esta ley una ley universal y por lo tanto, de inclusión social", ha remarcado.
La parlamentaria del BNG Carme Adán, que recordó el premio dado por la ONU a Pontevedra por el modelo de ciudad (gobernada desde hace 14 años por el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores), lamentó que la puesta en marcha de esta normativa, en referencia a la redacción del plan de accesibilidad de Galicia, sea de dos años.
"Nos gustaría que fuese más rápida, y con una dotación presupuestaria para llevarla adelante", ha manifestado Adán, mientras que la parlamentaria del Grupo Mixto Chelo Martínez advirtió de que "ningún derecho puede ser castrado por el dinero".
LA LEY
La ley de accesibilidad modifica la actualmente vigente, de 1997, y tiene los objetivos de alcanzar una sociedad "inclusiva y accesible" que garantice la autonomía de las personas , evite la discriminación y favorezca la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, especialmente, las personas que tienen discapacidades, en un marco demográfico tendente al incremento de la esperanza de vida.
Esta normativa pretende "hacer realidad" el concepto de accesibilidad y diseño para todos en los procesos, proyectos, productos y servicios, de forma que se facilite el uso universal, con plena seguridad, del medio físico y que eviten gastos posteriores de eliminación de barreras.
En este sentido, los grupos de la oposición han remarcado la necesidad de contar con la colaboración de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), así como de dotar a los municipios de partidas presupuestarias para desarrollar las políticas.
