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LUGO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exconcejal lucense Francisco Fernández Liñares ha acudido este jueves "muy tranquilo" a declarar de nuevo en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo en el marco de la instrucción de la 'Operación Pokémon'.
Liñares llegó poco minutos antes de las 13,00 horas a los juzgados de Lugo acompañado de su abogado, Evaristo Nogueira, y únicamente se limitó a señalar, ante la insistencia de los medios, que acudía "muy tranquilo".
Su abogado, al ser preguntado sobre cómo se encontraba su cliente, únicamente afirmó que "está bien" y declinó hacer declaraciones hasta el término de la comparecencia judicial.
La declaración de Liñares estaba prevista para el martes 9 de septiembre pero fue aplazada a petición de su abogado al entender la jueza "razonables" las razones expuestas por su defensa y ha sido fijada para este jueves 18 de septiembre a las 13,00 horas.
COMPARECENCIAS
Liñares compareció por primera vez ante la jueza instructora, Pilar de Lara Cifuentes, el 24 de septiembre de 2012, tras su detención unos días antes, ante la que negó que hubiese favorecido la adjudicación a Cechalva del sistema grúa en Lugo, en detrimento de la anterior adjudicataria, pero admitió pagos periódicos mensuales porque "les parecería que es más fácil de camuflar" que una entrega global.
Mientras, en su segunda comparecencia ante la jueza se observa un cambio de actitud en Francisco Fernández Liñares, después de que en su primer interrogatorio, cuatro días después de haber sido detenido, hubiese reconocido que recibió pagos por un importe de unos 300.000 euros durante una década mientras fue concejal y presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
Posteriormente, el 15 de octubre, el político socialista se mostró más reacio a hablar de las entregas de dinero por parte de Vendex, después de que en la primera declaración hubiese admitido que percibía 1.500 euros mensuales de Doal, la filial que gestiona el sistema ORA en Lugo.
Preguntado por la magistrada acerca de que los cargos de Vendex Gervasio Rodríguez, José María Tutor y Javier Reguera dijesen que le entregaban 3.500 euros, Liñares responde que es "mentira total". Pilar de Lara le pregunta si es cierto que venían 3.500 euros porque iban destinados a otras personas, pero el político insiste: "es mentira, señoría".
En su tercera comparecencia Liñares definió como "cordial" su relación con el regidor lucense, José López Orozco, con quien fue concejal varios años desde que el PSdeG se hizo en 1999 con la Alcaldía, pero evita definirse como su persona de confianza.
A lo largo de sus comparecencias ante la jueza, no admitió que Orozco recibiese también sobornos y como mucho, en su primera declaración se limitó a decir que desconocía si otros cargos municipales también recibían esos pagos periódicos, aunque en esa misma ocasión también minimizó la relación del alcalde con Javier Reguera, encargado de entregar los pagos.
En la cuarta comparecencia judicial, en diciembre de 2012, ya con una nueva estrategia de defensa, Fernández Liñares se acogió a su derecho a no declarar. De esta forma, no dio oportunidad a la jueza para que le plantease preguntas de las cuales sí deja constancia, algunas de las cuales versaban sobre las anotaciones halladas en la sede de la empresa Cechalva, concesionaria de la grúa en Lugo, y en el domicilio del administrador de Vendex, Gervasio Rodríguez, en las que figuran apuntes con indicaciones del tipo "pago alcalde 6.000 euros", en el primero de los casos, y "pago Oroz", en el segundo.
DIVERSAS ACUSACIONES
Al margen de la recepción de pagos por parte del exconcejal socialista, en el sumario de la 'Pokémon' figuran contra él distintas acusaciones de supuesto cobro de dinero por obras y de utilización de los trabajadores del Ayuntamiento de Lugo.
El abogado de Liñares, Evaristo Nogueira, que asumió su defensa ya avanzada la causa, había solicitado la nulidad de las declaraciones de éste, argumentando que se llevaron a cabo en "situación irregular", tras haber sido anulada la medida de prisión preventiva por considerarla la Audiencia provincial "irregular".
