El PPdeG rechaza una iniciativa de AGE que reclamaba a la consellería mediación en el conflicto de la cofradía de Cabo de Cruz
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario xeral de la Consellería de Medio Rural e do Mar, Francisco Vidal-Pardo, ha afirmado que "todo el Gobierno" de la Xunta está "en contra de conductas fraudulentas", en relación al supuesto fraude fiscal por el que se investiga a la Cooperativa de Armadores San Miguel de Marín y a los presuntos colaboradores necesarios.
En la comisión de pesca del Parlamento gallego, este martes, Vidal-Pardo ha señalado a la autoridad portuaria competente, preguntado sobre la posible adopción de medidas cautelares por el diputado del PSdeG José Ramón Val. En el turno de réplica, el socialista ha destacado que "alguna responsabilidad debe tener" el Ejecutivo autonómico.
En concreto, la referida cooperativa está siendo investigada por un supuesto fraude del IVA en la declaración de descargas de pescado en el puerto vigués de O Berbés entre 2007 y 2010, según ha apuntado Val. Así, ha cifrado en más de 20 millones de euros el supuesto "desvío de fondos", aunque, debido a la prescripción de parte del total, ha rebajado a unos 3 millones de euros la cantidad supuestamente defraudada.
Además, el parlamentario ha llamado la atención sobre una situación "que preocupa" debido a que "muchos de los socios que cayeron en esa trampa" en la actualidad "tendrán que afrontar sanciones, quizás, por fiarse de quien estaba cometiendo una ilegalidad".
El alto cargo del departamento de Rosa Quintana, por su parte, ha mostrado el rechazo de la Xunta a las conductas fraudulentas y ha respondido a las cuestiones del diputado resaltando que la cooperativa "no gestiona la primera venta" de la cofradía de Marín y que, en todo caso, las medidas cautelares corresponderían a la entidad titular de los establecimientos ubicados en el puerto.
También ha hecho alusión a un informe de 2011 que indica que la cofradía de pescadores de Marín tiene "poca actividad económica" y se financia de cuotas sociales y mediante la prestación de algunos servicios. Su fondo de maniobra es positivo, por lo que no afrontará problemas de financiación a corto plazo y no registra incidencias destacables, ha relatado Vidal-Pardo.
En base a estos datos, "y dado que se financia con recursos propios", el secretario xeral ha considerado que "no existen motivos para iniciar ninguna investigación" acerca del funcionamiento del pósito.
Por último, sobre el conocimiento de la incoación de expedientes sancionadores, el responsable de Medio Rural e do Mar ha evidenciado que las acciones de la Agencia Tributaria tienen en este ámbito "carácter secreto o reservado".
CONFLICTO EN CABO DE CRUZ
En la misma comisión ha sido objeto de debate el "conflicto abierto" en otra cofradía, la de Cabo de Cruz, en Boiro (A Coruña). Y es que el grupo de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), a través de Juan Manuel Fajardo, ha defendido una proposición para pedir que la Consellería de Medio Rural e do Mar "medie", ante su "inacción" actual.
La iniciativa ha recibido el voto a favor de los grupos de la oposición (PSdeG, Alternativa y BNG) pero el rechazo de los diputados populares, por lo que no ha salido adelante.
En su turno, Fajardo ha asegurado que el departamento autonómico está "encantado" con el conflicto, tras el que se "parapeta" para no actuar, a su juicio.
Como él, el portavoz del BNG Daniel Rodas ha advertido que hay "un gran responsable" que es el departamento autonómica puesto que "el problema nace a raíz de la obligatoriedad de realizar las vigilancias nocturnas". Ha pedido que se celebre una asamblea general y ha denunciado la existencia de supuestas irregularidades en el seno del pósito.
Por parte del PSdeG, José Ramón Val ha coincidido en que hay "personas que se mantienen en el cargo" al frente del pósito "sin contar con el apoyo de sus asociados", en una situación "de cierta alegalidad". Por eso, ha reclamado que el Gobierno "comience a hacer algo" con respecto a las elecciones en las cofradías.
El popular Hipólito Fariñas ha replicado a estas críticas destacando que Mar busca "consensuar con todo el sector" el calendario electoral y ha subrayado que el PP está "tan interesado" como la oposición "en que se resuelvan estos conflictos que a nadie gustan".
Sin embargo, ha defendido que los planes de explotación contemplen la función de vigilancia de los bancos marisqueros y ha hecho hincapié en que el cumplimiento de este tipo de actividades "es obligatorio pero no computa" para la renovación de los permisos de explotación ('permex') de los mariscadores. "No vale decir lo contrario", ha finalizado.
