El nuevo catálogo gallego de medicamentos vulnera el principio de igualdad de los pacientes, según Sefac

   La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) señala que el nuevo catálogo gallego de medicamentos vulnera el principio de igualdad de los pacientes al acceso a la prestación farmacéutica y lamenta las "graves consecuencias" que para el sector farmacéutico y la ciudadanía se derivarán de la ley de racionalización del gasto farmacéutico por la que se creará, aprobada por el Parlamento de Galicia.

   A su juicio, esta medida supondrá el fin de la financiación por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) de medicamentos que sí se prescriben y dispensan en otras comunidades de España en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

   Este catálogo vulnera, según Sefac, el principio de igualdad de acceso a la prestación farmacéutica recogido en las Leyes 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los medicamentos y 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS.

   Así pues, denuncia que con el nuevo catálogo de medicamentos los gallegos "se convertirán en ciudadanos de segunda en lo que a las prestaciones farmacéuticas se refiere", ya que "ni el médico podrá prescribirlos ni el ciudadano residente en Galicia tendrá acceso a los mismos medicamentos y productos sanitarios que el resto de los ciudadanos españoles cuando la prescripción y dispensación de los mismos se realice fuera del ámbito territorial de esta comunidad".

   Por tanto, a su juicio, se trata de una medida "clara de discriminación" y "representa un atentado contra la libre prescripción médica, la equidad de los pacientes en el acceso a los tratamientos disponibles y contra su derecho a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad respecto a los ciudadanos residentes fuera de Galicia".

   Además, repercutirá de igual forma en aquellos pacientes que, estando desplazados, requieran recibir asistencia sanitaria en la Comunidad gallega.

GRAVES CONSECUENCIAS PARA EL SECTOR

   En cuanto al sector farmacéutico, explica que para él tendrá graves consecuencias que "se traducirán en importantes pérdidas económicas y de empleos, no sólo en la industria farmacéutica sino también en otros agentes de la cadena del medicamento, especialmente en las oficinas de farmacia". A estas consecuencias suma el riesgo de deterioro de un servicio básico para la población.

   Finalmente, recuerda que la Xunta no tiene competencia para modificar las condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios en Galicia, ni para excluir, mediante un catálogo propio, medicamentos y productos sanitarios que están incluidos por el Ministerio de Sanidad en el Nomenclator.

   Por tanto, solicita la anulación del catálogo y reclama a las administraciones competentes que, de oficio, interpongan el correspondiente recurso contra esta norma por ser inconstitucional. Y, mientras se resuelve la situación, demanda el establecimiento de un período de convivencia con el objeto de que las oficinas de farmacia tengan tiempo suficiente para adaptarse a la nueva situación y puedan seguir dando a los usuarios el servicio de calidad que siempre se ha dado.