La oposición censura el canon del agua por gravar al rural y Hernández ofrece diálogo para una ley "duradera"

Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente
EP/XUNTA
Actualizado 20/07/2010 16:15:11 CET

El conselleiro defiende el carácter finalista del gravamen para sanear las aguas gallegas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición --PSdeG y BNG-- han censurado este martes la implantación del nuevo canon del agua que gravará "por igual" a todos los ciudadanos y advirtieron de que afectará, en especial, a los habitantes del medio rural, cuyas infraestructuras hidráulicas tienen especificidades. No obstante, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha defendido este gravamen para garantizar el suministro del agua de calidad y un buen estado de las aguas y ofrece diálogo para conseguir una normativa "duradera y eficaz".

Con estos planteamientos ha entrado a trámite en el Parlamento la Ley de Aguas de Galicia, pese a la presentación de sendas enmiendas de devolución por parte de socialistas y nacionalistas, quienes rechazan un texto que "no recoge las especificidades" de la comunidad. Paralelamente, el diputado del PPdeG Daniel Varela ha tendido la mano para introducir cambios en la normativa que ahora se debatirá en comisión, pero ha advertido de que "mejorar no es rechazar".

Por su parte, el conselleiro de Medio Ambiente ha insistido en que el proyecto de ley pretende resolver las deficiencias detectadas en el vigente marco legislativo y de gestión de la Administración hidráulica de Galicia y la adaptación a la directiva marco del agua. Asimismo, ha hecho hincapié en que la ley garantiza el carácter "finalista" del canon del agua, que se "invertirá en su totalidad en el cumplimiento a la planificación hidráulica gallega".

Agustín Hernández ha recalcado que la normativa incluye el "principio europeo de recuperación de costes" de los servicios relacionados con el agua y, en virtud de él, se crea el nuevo canon del agua, ha dicho. En este sentido, este impuesto está concebido como finalista puesto que --ha insistido-- financiará en exclusiva las actuaciones en materia de abastecimiento, saneamiento y explotaciones de depuradoras de aguas residuales.

A este respecto, el conselleiro ha explicado que los principios del nuevo régimen económico-financiero que se propone son los de suficiencia financiera, recuperación de costes, solidaridad interterritorial, fomento del uso racional del agua y justicia tributaria --a través del canon de vertido, que tiene naturaleza de tasa para financiar gastos derivados de los servicios de depuración de aguas residuales y se aplicará en ayuntamientos donde se preste este servicio--.

SANEAMIENTO Y BENEFICIOS

De este manera, ha recordado, en aquellos ayuntamientos en que la Xunta gestione las depuradoras, los ayuntamientos dejarán de cobrar el servicio de depuración, que pasará a recaudar la administración autonómica a través del coeficiente entre ayuntamientos.

El titular de Medio Ambiente también ha indicado que el nuevo canon diferencia entre usuarios domésticos e industriales, de manera que el modelo tributario establece el objetivo de incentivar el consumo responsable. Los gallegos que no sobrepasen los 6.000 metros cúbicos de consumo de agua en una unidad familiar de tres personas los que quedarán exentos de pagar este canon.

En la aplicación de este gravamen se favorecerá a las familias numerosas con una bonificación del 50 por ciento, que ascenderá al 80 por ciento en el caso de los usuarios con captaciones propias y de las traídas vecinales. Además, esta normativa aspira a lograr el saneamiento integral de los ríos y rías gallegas en 2015.

CRÍTICAS OPOSICIÓN

Sin embargo, las diputadas responsables de Medio Ambiente, Carmen Gallego (PSdeG) e Isabel Sánchez Montenegro (BNG) censuraron que se "grave igual" las captaciones propias que las públicas y, sobre todo, en el medio rural en que hubo un "esfuerzo" para crear infraestructuras de traída del agua donde "no llegaba" la Administración.

La nacionalista Sánchez Montenegro, además, censuró que aunque la ley no obliga a colocar contadores homologados en los pozos privados, sí se establecen multas por no tenerlos y de hasta 30.000 euros. Asimismo, al igual que la socialista Carmen Gallego, advirtieron de que el nuevo canon producirá incrementos de hasta el 350 por cien en las facturas de los usuarios.

"No se reconoce la realidad gallega", avisa Gallego, quien ha hecho hincapié en que no se han tenido en cuenta los informes del Consello Económico e Social (CES) ni las aportaciones de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Así las cosas, ambas parlamentarias observaron que, "más que una Ley del Agua", semeja una normativa del "canon del agua", puesto que cuestionan la "eficacia", al no incluir --en palabras de Sánchez Montenegro-- "unos objetivos o una estrategia".

La futura ley, que consta 92 artículos dividida en siete títulos, creará la entidad pública Augas de Galicia, en el que se fusionan el organismo autónomo de Augas de Galicia y la Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos en un único aparato administrativo. Con ello, ha reivindicado el conselleiro, habrá un instrumento de mayor "eficacia y eficiencia" en la administración y gestión hidráulica.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies