Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 28/11/2008 14:41
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PPdeG consideró hoy "electoralista" la propuesta de la Xunta para frenar aquellos deslindes costeros impulsados por el Ministerio de Medio Ambiente cuando afecten a edificaciones que fueron construidas legalmente y, además de vincularla con la cercanía de las próximas autonómicas, insistió en que la "solución definitiva" pasa por reformar la Ley de Costas de 1988.
Los populares se refirieron de este modo a la enmienda a la Ley de Vivenda promovida por la Consellería de Política Territorial --y aceptada por los tres grupos parlamentarios--, en la que se obligará a la Administración del Estado a respetar las autorizaciones urbanísticas concedidas por la comunidad autónoma. El objetivo es que los deslindes no deben afectar a las edificaciones que hayan sido construidas respetando las leyes urbanísticas de la Xunta, como por ejemplo el caso de Marín.
En un comunicado, la portavoz de Urbanismo del Grupo Popular, Pilar Rojo, y el diputado Enrique López Veiga aseguraron que esto "no soluciona el problema general" e interpretaron que, tras cuatro años sin adoptar "ninguna medida" en defensa de los afectados por la aplicación de la Ley de Costas, la Xunta pretende ahora "dar apariencia de solución" debido a la proximidad de los comicios.
SIN GARANTÍAS
Frente a esto, el PPdeG abrió la posibilidad de que la tramitación de la reforma de la Lei de Vivenda no se pueda completar en lo que resta de legislatura y también advirtió de que "no existe ninguna garantía" de que el Estado no vuelva a recurrir esta norma una vez aprobada, algo que, a su juicio, "es de esperar" puesto que el Gobierno central ya recurrió un decreto elaborado por el anterior Ejecutivo popular en este sentido.
Al hilo de esto, la oposición apunta que la enmienda planteada por la Xunta "copia literalmente" varios preceptos del citado decreto, aprobado en 2004, que equiparaba los núcleos costeros del litoral con el suelo urbano, con lo que quedaban fuera de la aplicación de la Ley de Costas.
Así, Rojo interpretó que, de existir "voluntad real" de impulsar la reforma, lo correcto sería que el Gobierno central retirase el recurso interpuesto contra el decreto de 2004 que reconocía el carácter rural de los núcleos rurales tradicionales afectados, como el caso de Marín.
"De retirarse este recurso, los problemas desaparecerían de la noche a la mañana", insistió y, en el caso contrario, vaticinó que el Gobierno central recurrirá "por coherencia" la reforma impulsada por la Xunta, por lo que avisó de que, en este caso, "no tendría utilidad alguna".
MODIFICAR LA LEY DEL 88
Aunque el PPdeG va a apoyar esta enmienda, insiste en que la solución pasa por la reforma del a Ley de Costas, modificación que los populares defenderán en el próximo Pleno del Parlamento. Según explicó Rojo, esto permitiría reconocer la legalidad de los núcleos rurales existentes con anterioridad a la norma del 88.
También otorgaría una solución legal satisfactoria a otros problemas legales derivados de los deslindes, de distinta naturaleza que el de los núcleos rurales, como en Moaña, donde las construcciones fueron efectuadas con licencia municipal y siguiendo todos los procedimientos normativos establecidos. En todo caso, Rojo reconoció que tiene "poca fe" en el apoyo de PSdeG y BNG, quienes "vienen aplazando sistemáticamente la solución al problema", a su entender.