El PSdeG pide reducir a dos meses el trámite de la Risga y una partida ampliable para becas en las cuentas de la Xunta

El diputado del PSdeG Juan Carlos González Santín
EUROPA PRESSG
Actualizado 05/12/2014 20:50:38 CET

Quiere que los altos cargos también hagan pública su declaración de bienes y que el Parlamento reciba los contratos de más de 3.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG pide reducir a dos meses el trámite de la Renta de Inserción Social de Galicia (Risga) y que las becas para estudiantes se concedan en base a créditos ampliables, según consta en las enmiendas presentadas por los socialistas a los presupuestos de la Xunta para 2015.

En rueda de prensa, el portavoz de economía del grupo parlamentario socialista, Juan Carlos González Santín, ha expuesto también otras propuestas destinadas a incrementar "el control sobre el dinero público" y para aumentar la transparencia en aras de evitar nuevos casos de corrupción.

En estos dos últimos apartados se inscriben la reclamación de que los altos cargos hagan pública su declaración de bienes y derechos patrimoniales en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y la de que se remitan a la Cámara autonómica los contratos de más de 3.000 euros.

En concreto, sobre la Risga, que actualmente perciben casi 9.000 personas en la comunidad, el PSOE solicita que la Administración autonómica se comprometa "a resolver las solicitudes en el plazo máximo de dos meses". "Y, de no cumplirse este plazo, se abonará a mayores de la prestación el interés que aparece en el artículo 26.6 de la Ley 5/2003 del 17 de diciembre", postula la enmienda.

En cuanto a los estudiantes, aboga por añadir un nuevo artículo en relación a "los créditos destinados al pago de las becas a estudiantes universitarios y en formación", puesto que los socialistas consideran que deben establecerse "en función de las necesidades educativas", y no de las posibilidades presupuestarias.

También en el apartado educativo, demandan "limitar el incremento" del número de unidades de los centros concertados; y ya pensando en la generalidad de profesionales de este sector, del de la sanidad y de otros como la lucha contra el fraude y contra los incendios, reclama elevar al 100% la tasa de reposición, desde el 50% actual.

Respecto a los altos cargos, el PSOE también apuesta por que aquellos que sean miembros de consejos de administración de entidades que conforman el sector público autonómico no cobren "ninguna clase de retribución".

Enmienda los presupuestos, además, con el objetivo de favorecer que la información acerca del "número total" del personal eventual tenga "un acceso directo" en la web de la Xunta, junto a identificación, funciones y remuneración económica.

Otra de las principales modificaciones que plantean es la de añadir un precepto para que la Xunta remita "mensualmente al Parlamento de Galicia la relación de expedientes de contratación superiores a 3.000 euros formalizados por cada una de las secciones presupuestarias y entidades instrumentales del sector público autonómico, con indicación expresa del objeto del contrato, presupuesto de licitación, procedimiento y modalidad de adjudicación, licitadores presentados, importe de adjudicación y adjudicatario".

SUBVENCIONES, PROPAGANDA Y CONTAS

En este terreno, el PSdeG también pide controlar "todas las subvenciones" mediante la comprobación "in situ" de la realización material de la obra, según ha señalado González Santín.

En materia de publicidad y propaganda, por otra parte, quiere que la Consellería de Facenda deba emitir una autorización previa "expresa" y que sea remitida también al Pazo do Hórreo.

El diputado ha insistido, igualmente, en otra enmienda con la que pretenden que el Gobierno dote de 3 millones de euros adicionales al Consello de Contas, con el propósito de posibilitar que desarrolle funciones de fiscalización de posibles casos de corrupción.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Entre otras enmiendas, el PSOE reclama que la recuperación de la paga extra por los empleados públicos sea efectiva "en su totalidad en el mes de enero de 2015", que la Administración comunique a la comisión de Economía "cualquier alteración en relación a las concesiones públicas" y que las fórmulas de colaboración público-privadas no se utilicen para financiar inversiones en el ámbito de los servicios públicos básicos.

"En particular, estas fórmulas no podrán ser utilizadas para la construcción, explotación, mantenimiento o gestión de centros públicos sanitarios o educativos", expone en su texto.

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