MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La asociación de pequeños y medianos astilleros en reconversión, Pymar, ha afirmado que se reserva el derecho de tomar "todas las acciones legales pertinentes" ante la decisión de la Comisión Europea de ordenar a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011, según avanzó el presidente de la asociación, Álvaro Platero.
"Vamos a seguir peleando por mantener los empleos del sector, unas 87.000 familias que dependen de nosotros, así como por seguir siendo líderes mundiales en construcción naval en este tamaño de barcos", aseguró Platero en rueda de prensa tras conocerse la decisión de la Comisión Europea.
Platero se mostró convencido de que el apoyo del Gobierno al sector "va a seguir siendo total", y confía en que con su labor "se pueda atenuar lo máximo posible los daños de esta resolución".
Desde el punto de vista positivo, resaltó que el sector cuenta con un nuevo esquema de 'tax lease' "bendecido por la UE, que vamos a utilizar a tope y que el Gobierno nos va a ayudar a optimizar", tras dos años de sequía contratadora que le han hecho perder la construcción de unos 50 barcos.
Por su parte, la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, señaló que corresponde al Ministerio de Hacienda determinar qué parte de la ayuda es incompatible, que es la que hay que devolver. "Hasta que Hacienda no se pronuncie no podemos decir nada", indicó.
No obstante, confió en que el Gobierno pueda hacer las cosas "lo mejor posible" para que la cuantía a devolver se minore lo más que se pueda.
Asimismo, López del Pozo ha remarcado que la decisión "discriminatoria e injusta" de la Comisión Europea sienta un precedente en Europa para países que están siendo investigados como Holanda, Francia, Malta o Grecia.
En el análisis de las palabras del comisario Joaquín Almunia, la consejera delegada ha visto "matices" que les permiten ser "más optimistas" y que dan "esperanza" para el sector, porque deja en manos del Gobierno parte del proceso de recuperación y devolución de las ayudas.
Por último, ha explicado que "afecta más (al sector naval) el procedimiento abierto contra España que la crisis", ya que los países europeos que han denunciado a España y Asia se han visto beneficiados y favorecidos por la denuncia, que lleva dos años repercutiendo en el sector y en el empleo.
