Veterinarios gallegos cuestionan la fiabilidad del nuevo sistema de control de la enfermedad de las vacas locas

 

Veterinarios gallegos cuestionan la fiabilidad del nuevo sistema de control de la enfermedad de las vacas locas

Actualizado 10/07/2006 16:04:31 CET

El Consello Galego de Colexios Veterinarios estudia demandar a Medio Rural por autorizar a Tragsa para realizar los controles en animales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consello Galego de Colexios Veterinarios alertaron hoy sobre la fiabilidad y la legalidad del nuevo sistema de control de las encefalopatías espongiformes transmisibles o mal de las 'vacas locas' entre animales bovinos, ovinos y caprinos, puesto en marcha por la Xunta. Los veterinarios gallegos estudian demandar a Medio Rural por autorizar a Tragsa para estos controles porque no se sabe qué profesionales los realizan.

Xosé Uxío Rei Fernández, por el Colexio Oficial de Veterinarios de A Coruña; Filemón Rodríguez Rodríguez, por el colegio de Ourense; y Manuel Lajos Guillán, por el de Pontevedra, explicaron que, aunque existía un convenio con el Consello Galego de Colexios, Medio Rural decidió encargar también a Tragsa la realización de certificados y autorizaciones a animales y cuestionaron la efectividad de los mismos.

Los veterinarios gallegos exigieron hoy una rectificación de esta medida por parte de los responsables de Medio Rural, ya que denuncian que se permiten certificaciones sin aval público ni colegial. Según explicaron, mientras los controles por parte de los colegiados van identificados y certificados por las entidades colegiales, en el caso de Tragsa no se detalla el veterinario que efectúa las pruebas y "no se garantiza la trazabilidad del producto".

Explicaron que un convenio en 2001 entre la entonces Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria y el Consello Galego de Colexio Veterinarios habilitó los controles a animales y permitió a la organización colegial para asumir la distribución y el control de la documentación oficial relativa a la citada autorización sanitaria.

IRREGULARIDADES

Sin embargo, según indicaron hoy, a mediados del pasado mes de junio se detectaron las primeras irregularidades en la aplicación del sistema acordado. Por ello, aseguraron que se advirtió a la Consellería de Medio Rural de que las funciones de inspección y de autorización relativas al sacrificio de las reses con destino al consumo humano "sólo podría ser desempeñada por los veterinarios habilitados a través del control colegial y permiso oficial documentado, o bien por los funcionarios de la escala correspondiente de la Administración Autonómica".

Según los representantes de los veterinarios gallegos, la Xunta tomó la decisión de encargar estos trabajos también a Tragsa "sin consultar al sector" y advirtieron que la medidas "puede afectar al producto porque no está garantizada la trazabilidad", ya que no se especifican datos como el profesional que realiza el control o el matadero en el que se sacrifican a los animales.

Los servicios jurídicos del Consello Galego de Colexios Veterinarios y del Consejo General de Colegios Veterinarios de España cuentan con informes que establecen que una sociedad mercantil, como Tragsa o su filial Tragsega, no puede ejercer funciones propiamente administrativas como las de inspección y vigilancia de esas enfermedades.

Por ello, ante lo que consideran una ilegalidad, los órganos colegiales de los veterinarios gallegos prevén recurrir a la vía administrativa y a la judicial para hacer valer sus derechos, ya que entienden que ese tipo de actuaciones sólo pueden ser efectuados por facultativos habilitados y colegiados.

SIN SELLOS OFICIALES

Según indicó Rei Fernández, al no existir identificación, se da la circunstancia de que las certificaciones puedan ser autorizadas por profesionales que no estén colegiados o que no tengan homologados sus títulos y también por veterinarios que están en mataderos.

Los responsables de los colegios de veterinarios de Galicia advirtieron de que los mataderos están rechazando certificaciones expedidas por Tragsega sin el sello oficial de la Xunta ni de ninguno de los cuatro órganos profesionales. Así, critican a la Xunta por adoptar esta medida al margen de las directrices comunitarias sobre sanidad animal y su relación con el consumo humano.

Aunque aseguraron que "no es una cuestión económica", los responsables del Consello Galego de Colexios Veterinarios indicaron que la Xunta, a los seis meses del convenio de 2001, dejó de abonar a la entidad los expedientes de control realizados, que superarían los 700.000.

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