El SLG exige "retirar o corregir" las directrices de ordenación del territorio y la reforma de la Ley del suelo

La secretaria xeral del SLG, Carme Freire
SLG
Actualizado 15/11/2010 19:26:25 CET

Acusa a la Xunta de pretender cobrar a los ciudadanos "por el simple hecho de tener que beber" mediante la Ley de aguas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha anunciado "una época de luchas" si no se retiran o corrigen las Directrices de Ordenación do Territorio, la Ley de aguas y la reforma de la norma que regula los usos del suelo en la Comunidad Autónoma.

Así lo ha hecho, en rueda de prensa, la secretaria xeral del sindicato, Carme Freire, al advertir "una seria amenaza para las actividades agropecuarias" en todas estas cuestiones que, además, "ponen en jaque derechos de la ciudadanía en general", como el libre acceso al agua, la alimentación y otros servicios públicos en el medio rural.

Sobre la modificación de la Ley del suelo, Freire ha denunciado que "supone que los ayuntamientos y el partido que gobierne van a tener libertad para admitir instalaciones de todo tipo en suelos de protección agraria o forestal".

En cuanto a la de aguas, ha aseverado que "pretende" que los gallegos "paguen por el simple hecho de vivir y tener que beber agua" para ello. "Pretenden cobrarnos por ser personas y por tener la necesidad de beber, con independencia de que las infraestructuras sean públicas o las pagásemos nosotros de nuestro propio bolsillo", ha criticado.

DISEÑO "ANIQUILADOR" PARA EL RURAL

Por su parte, las directrices de ordenación del territorio incluyen, a juicio del SLG, "un diseño de país aniquilador para el medio rural", ya que, según ha censurado la secretaria xeral de la organización agraria, "ni siquiera existe un plan específico para el desarrollo de las actividades agropecuarias" en ellas.

Al respecto, la central presentó un conjunto de alegaciones para que las directrices se basen en "un respeto absoluto y la potenciación" de las tierras agrarias, con el fin de dedicar, "por lo menos, un tercio del territorio gallego a la superficie agraria útil".

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