OURENSE, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite la querella presentada por la exconcejala socialista de Ourense Áurea Soto contra el juez decano, Leonardo Álvarez, a quien atribuye un delito de prevaricación judicial en relación con la instrucción del caso de la Plaza de San Antonio, del que la exedil resultó absuelta tras el juicio.
La Sala, en su auto de admisión a trámite, indica que la querella tiene "los requisitos procesales formales exigibles" para ser investigada, al tiempo que destaca la "posible relevancia penal" de los hechos que abarca.
"El relato fáctico plasmado en la querella se incardina, al menos indiciariamente, en la comisión de un delito de prevaricación, y todo ello conlleva indefectiblemente la admisión de la querella", recoge el auto, que recuerda que, no obstante, "de ningún modo se trata de admitir la querella porque los hechos en que se funda sean constitutivos de delito ni de constatar ahora la concurrencia de los elementos del tipo del delito de prevaricación", sino de iniciar una investigación que determine este extremo.
Por ello, admite a trámite la denuncia presentada tanto por Áurea Soto como por el abogado Carlos Hernández y ordena la incoación de un sumario contra el magistrado Leonardo Álvarez por un supuesto delito de prevaricación. El instructor por turno será el magistrado José Antonio Ballestero Pascual
LA QUERELLA
La querella, presentada el pasado mes de marzo por la exconcejala de Urbanismo y por Carlos Hernández contra Leonardo Álvarez en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se basa en dos puntos.
Por un lado, se señalan "imputaciones selectivas", en referencia a la indemnización concedida a una vecina a modo de compensación por la pérdida de luz en su inmueble como consecuencia de que el TSXG dejó sin efecto una demolición prevista en la Plaza de San Antonio. Y es que, como argumenta, esa propuesta no la realizó la socialista, sino que fue firmada por una funcionaria que no llegó a acudir a juicio.
En paralelo, en la querella también se apunta a un posible "desconocimiento" de la ley por parte del juez decano de Ourense, tras reivindicar la legalidad de la licencia concedida al aparcamiento subterráneo de la citada plaza.
El pasado 7 de enero, la exedila y Carlos Hernández fueron absueltos de un delito de prevaricación urbanística por la concesión de licencia a los edificios de esa plaza y al parking.
