La valedora do Pobo investiga la "posible ralentización" en la tramitación de la Risga y pide información a la Xunta

 

La valedora do Pobo investiga la "posible ralentización" en la tramitación de la Risga y pide información a la Xunta

Publicado 28/06/2017 17:17:48CET

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La valedora do Pobo, Milagros Otero, ha abierto una queja de oficio para investigar la "posible ralentización" en la tramitación de la renta de inclusión social (Risga) tras tener conocimiento de que beneficiarios que cumplen los requisitos para recibirla tardan tres meses en empezar a cobrar.

   Así, la valedora do Pobo se ha dirigido al conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, para interesarse por los tiempos medios de tramitación de las ayudas de emergencia social y con el objetivo de conocer "de qué modo se puede mejorar".

   En un comunicado, este organismo remarca que la Risga se ha convertido en el "salvavidas" de muchas familias sin ingresos y la "última opción antes de caer en situaciones de exclusión y pobreza". Además, asegura que "no es la primera vez" que la valedora do Pobo tiene conocimiento de la "lentitud en la tramitación de la misma con esperas de más cinco o seis meses".

   Por ello, muestra su preocupación por que técnicos de servicios sociales de la comarca de O Salnés hayan informado en los últimos días de que personas con derecho a esta ayuda "tardan en la actualidad una media de tres meses en cobrar la primera mensualidad".

   En este sentido, apunta que "los trámites de las rentas de emergencias están protagonizados por la Xunta de Galicia y los ayuntamientos", por lo que solicitará información sobre tiempos de espera para el cobro efectivo y acerca de las medidas de emergencia que tanto administraciones autonómica y locales tienen previsto.

   También hace hincapié en que la mayoría de las quejas tramitadas en los últimos años por el área de servicios sociales del Valedor do Pobo se refieren a situaciones de riesgo de exclusión, de modo que Otero cree necesario actuar con urgencia ante ellas, más allá de que en 2016 se detectó un descenso de quejas por los atrasos.

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