Vivenda remite al Parlamento las auditorías de la 'Bolsa de Aluguer' que detectaron 1.591 expedientes ilegales

Actualizado 22/06/2006 21:05:21 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Vivenda remitió al Parlamento de Galicia una copia de las auditorías externas realizadas sobre el programa 'Bolsa de Vivenda en Aluguer', que determinan que 1.591 expedientes, de un total de 1.684 analizados, incumplían la normativa vigente, lo que supuso un sobrecosto de 892.194 euros para las arcas públicas.

Las auditorías, una de carácter económico y otra de carácter jurídico, fueron encargadas por Vivenda después de que la Asesoría Jurídica de la Xunta elaborase un informe que califica de "patológica" la situación de la 'Bolsa de Aluguer' y en el que se advertía de que los expedientes que no cumplen el artículo 44 del preceptivo decreto "están viciados de ilegalidad por contradicción con el ordenamiento jurídico vigente" en ese momento.

La Consellería de Vivenda aclara que no se trata de que existan 1.591 familias que estén defraudando a la Administración pública y censura la "irresponsabilidad" de estas declaraciones del presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, y las vincula "con la pretensión de esconder la calamitosa gestión" del programa de 'Bolsa de Aluguer' cuando era conselleiro de Política Territorial.

Estos 1.591 expedientes son "ilegales" porque incumplen la normativa establecida en el decreto 199/2002, donde el artículo 44 determina cuál debe ser el precio máximo de alquiler en relación a la superficie de la vivienda.

Los gestores de la 'Bolsa de Aluguer', a través de diversas asistencias técnicas, tenían que haber comprobado y garantizado que todos los expedientes de ayuda que aprobaban cumplían esta normativa, que el precio del alquiler era el permitido y, por lo tanto, que la subvención estaba calculada sobre el precio legal de alquiler y no sobre un precio "inflado".

La Consellería de Vivienda alerta de que no se hizo así en 1.591 casos, en los que se autorizó la firma de expedientes por los que se concedían ayudas calculadas sobre precios de alquiler inflados, que superaban los precios permitidos por el decreto y, en muchos casos, los de los precios de mercado.

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