La Xunta defiende que "se puso a trabajar desde el primer momento" por emigrantes retornados e intercedió ante el Estado

Actualizado 05/06/2014 13:51:42 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta defiende que "se puso a trabajar desde el primer momento" en que tuvo conocimiento de la problemática de los emigrantes retornados gallegos sancionados por Hacienda. Así, remarca que ya instó por entonces a la Agencia Tributaria Estatal a ampliar los plazos de pago y a que actúe con "la máxima sensibilidad" a la hora de imponer sanciones.

Este jueves, emigrantes retornados a los que Hacienda ha abierto expedientes sancionadores por no declarar su pensión extranjera en los últimos ejercicios han entregado un escrito a la Axencia Tributaria de Galicia con sus reclamaciones. Además, han censurado la inacción del Estado, así como por parte de la Xunta para que interceda por ellos ante el Gobierno central, "después de un año" de que se conociese su problemática, al tiempo que han denunciado que siguen recibiendo multas.

Sobre esta cuestión, el Gobierno gallego hace hincapié en que "no tiene competencia en esta materia", ya que recuerda que el IRPF es un impuesto gestionado íntegramente por el Estado, a la vez que señala que se han reunido en "varias ocasiones" con los emigrantes retornados gallegos para abordar su situación.

"La Xunta no ha variado su posición, ha defendido y defiende que los pensionistas retornados no actuaron con ánimo defraudador, y considera que cuando no existe intención defraudadora no cabe la imposición de sanciones", subraya el Ejecutivo autonómico.

Y es que apunta que "a raíz de la actuación de la Consellería de Facenda en este tema", la Agencia Tributaria Estatal "dio instrucciones a su delegación en Galicia para que analice caso por caso la situación de todos los pensionistas afectados".

"Además, el pasado mes de marzo, la conselleira de Facenda solicitó a la Administración Tributaria que haga suya la postura del TSXG en relación con el convenio hispano alemán en vigor antes de 2012. De este modo, pidió que a este grupo de afectados, los que se rigen exclusivamente por este convenio, que no se le impusiesen sanciones", agrega la Administración gallega.

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