La Xunta estima que la nueva tarifa eléctrica incrementa la factura anual de las familias hasta 200 euros

Actualizado 20/07/2009 15:45:37 CET

Cifra el aumento para la pequeña industria en unos 5.700 euros y reclama la "congelación" del coste de los 'peajes de acceso'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta criticó hoy la liberalización del sector eléctrico porque, según aseguró, el nuevo sistema de tarificación implantado por el Gobierno central repercute en un incremento de hasta 200 euros al año en las facturas de las familias gallegas.

En rueda de prensa, el director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, hizo hoy balance de la evolución de los precios de la electricidad en la Comunidad gallega, "una vez entrado en vigor el nuevo escenario tarifario". Así, censuró el aumento "completamente excesivo" de los recibos de la luz y entendió que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero traslada a los ciudadanos "toda la responsabilidad de pagar el déficit tarifario".

El pasado 1 de julio entró en vigor el Real Decreto por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. Esta medida, que supone un paso más en su liberalización, elimina por completo las tarifas integrales, en las que la Administración era la que fijaba el precio.

Así, los consumidores de baja tensión en Galicia, que tienen contratada una potencia de 10 kilovatios o menor --en su mayoría, hogares y pequeños comercios-- pasaron de manera automática a recibir la tarifa de último recurso (TUR), a excepción de aquellos que optasen por elegir una nueva compañía en el mercado libre.

Según advirtió Tahoces, la subida del importe por consumo eléctrico desde principios de mes fue de un 2 por ciento para las viviendas que se acogieron a la TUR, mientras las residencias que se rigen por el sistema de discriminación horaria con sistemas de calefacción por acumulación experimentaron aumentos de un 1,6 por ciento en las horas diurnas y un 2,3 por ciento durante las horas nocturnas.

"Fue necesario que el Gobierno corrigiera tres errores normativos en los últimos siete días", denunció, ya que "antes" los incrementos se situaban entre el 9 y el 17 por ciento.

Con todo, "el problema es mayor si se hace una síntesis de los últimos 18 meses", indicó, pues, desde el 1 de enero del pasado año, el sobrecoste ascendió a unos 115 euros para un hogar medio gallego y a unos 200 para los hogares con discriminación horaria.

'PEAJES DE ACCESO'

Además, otra de sus principales reprobaciones se centró en los aumentos, a su juicio "desmedidos", que se registraron en julio en los conocidos como 'peajes de acceso' --precio por la utilización de las infraestructuras eléctricas--. Este es el último de los tres elementos que componen el precio final de la luz, sumado a la producción y a la distribución.

Según los datos aportados por la Consellería de Economía e Industria, los pequeños negocios con potencia de entre 10 y 15 kilovatios pagan unos 900 euros anuales más a estos efectos; concesionarios, carpinterías y centros de salud con potencia algo superior a los 15 kilovatios, unos 700 euros al año más; mientras la pequeña industria con suministro de alta tensión inferior a 400 kilovatios tienen incrementos de 5.730 euros en sus facturas.

Por su parte, el sector de la industria del aluminio tendrá que soportar un sobrecoste de hasta 9 millones de euros al año, lo que, según denunció, "no son palabras menores".

Por ello, Tahoces reivindicó la "congelación de los peajes de acceso", al corresponderse con gastos de infraestructuras con periodos de amortización "muy largos". En un periodo de tiempo "tan breve", el aumento de la factura "no puede ser tan desmesurado", sino que debería "ser mucho más leve", entendió.

Asimismo, reclamó que "todos los consumidores" con potencia contratada inferior a 50 kilovatios puedan atenerse a la tarifa de último recurso. "Ése es el eje vertebrador del discurso de la Xunta", incidió, que guiaron la serie de alegaciones que presentaron al Gobierno central, todas ellas rechazadas.

OBSERVATORIO PERMANENTE

En otra línea, instó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) a crear un "observatorio permanente" que inspeccione y estudie la evolución de los precios en el sector eléctrico, con el objetivo de "identificar disfunciones y posibles problemas" derivados de la liberalización.

El Gobierno autonómico realizó, en colaboración con la CNE, un seminario con técnicos y representantes de los consumidores, además de poner en marcha cinco puntos de información --uno en cada capital de provincia y otro en Santiago-- para "explicar" a los ciudadanos las "mejores opciones a la hora de contratar energía", señaló.

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