La Xunta investigará el aumento de edificabilidad en unos terrenos propiedad del alcalde de Betanzos y su hermano

Actualizado 15/02/2006 16:54:22 CET

A CORUÑA, 15 Feb. (EUROPA PARESS) -

La Xunta de Galicia investigará la legalidad del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Betanzos que dio el visto bueno al aumento de edificabilidad en unos terrenos que fueron propiedad del alcalde, el socialista Manuel Lagares, y su hermano, el diputado provincial Antonio Lagares.

Según informó hoy el PP, así se lo comunicó la Dirección Xeral de Urbanismo a la portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Betanzos, María Faraldo, tras la denuncia presentada por el Grupo Popular después de que en un pleno celebrado en diciembre se aprobasen los estudios de detalle de estos terrenos situados en el malecón y junto al cementerio.

A través del escrito remitido a la Xunta, María Faraldo solicitaba la paralización cautelar de las actuaciones previstas. El PP sostiene que la propuesta aprobada en pleno "implicó dar el visto bueno a unos volúmenes de edificabilidad en los terrenos del doble de lo que permite la Ley del Suelo que entró en vigor el 1 de enero".

Asimismo, el PP denuncia que se siguieron unos trámites administrativos "de dudosa legalidad". Esta formación sostiene que deberían haberse ejecutado a través del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y no a través de los Estudios de Detalle (que no requieren del beneplácito de la Xunta).

En el documento remitido a la Xunta, la concejal popular señala que "las irregularidades cometidas se ven agravadas" por el hecho de que los solares fueron propiedad del alcalde y su hermano. Al respecto, asegura que esto "aumenta si cabe la responsabilidad de los que se supone son representantes del pueblo" y considera los hechos un ejemplo de "caciquismo urbanístico".

En su respuesta al PP, la Dirección Xeral de Urbanismo indica que hasta el momento no han recibido la copia con los planos y la documentación que integran el plan. Asimismo, explica que una vez investigada la actuación urbanística, "la Consellería es competente para requerir su anulación" y reitera que velasrá "por el estricto cumplimiento de la legalidad".

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