La Xunta sube los fondos para justicia y violencia machista

Publicado 15/12/2016 16:00:48CET

Villares advierte un posible "cohecho pasivo impropio" de Feijóo al aceptar el vino y el PP replica con el 'caso Duarte'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, ha presentado este jueves los presupuestos de su departamento para el año próximo y ha destacado el aumento que se produce en las partidas específicas para la justicia y para la lucha contra la violencia de género.

En paralelo, ha avanzado que en 2017 comenzará el "adecentamiento" de la sede principal del Gobierno gallego, en San Caetano, a lo que se destinarán 6,4 millones en dos años.

En comisión parlamentaria, ha recalcado que la justicia tendrá el presupuesto "más elevado de la historia de la autonomía", con un incremento de 6,3 millones que posibilitarán seguir construyendo y mejorando las infraestructuras.

Tras resaltar que los nuevos edificios judiciales de Pontevedra, Vigo, A Coruña y Tui reciben más de 60 millones; ha puesto en valor las 24 nuevas plazas de personal administrativo que se crearán y que se suman a otras cuatro en el cuerpo de médicos forenses y a los siete equipos psicosociales que se consolidarán en el Instituto de Medicina Legal. Igualmente, el turno de oficio se dotará con un millón más.

También el ámbito de la violencia machista se verá reforzado, pues su cuantía es la que registra "el mayor crecimiento". Serán, como ha concretado Rueda, un total de 5,2 millones que mayoritariamente se destinarán a las ayudas para las víctimas.

Asimismo, sube el apoyo para la atención psicológica especializada y para la inserción laboral de las afectadas, y se mantiene la colaboración con entidades sin ánimo de lucro que ayudan a las víctimas de explotación sexual y se añade el respaldo a la actividad del movimiento asociativo LGTBI.

En cuanto a la reforma de San Caetano, el vicepresidente ha señalado que "nada" se hizo en este edificio "desde 1985", de modo que toca acometer "cambios muy importantes" en instalaciones en las que trabajan casi 2.000 personas y por las que pasan diariamente en torno a medio millar.

El objetivo es dimensionar mejor los espacios y hacerlos más eficientes, mientras continúan las actuaciones ya iniciadas para ahorro energético --dotadas con 4,7 millones--, para mejorar el aislamiento, la climatización y la iluminación.

Adicionalmente, ha indicado que se aumentará la contribución para los consorcios provinciales de Bomberos y que las ayudas a los grupos de emergencias supramunicipales y la dotación de material a los voluntarios de Protección Civil consumirá un millón más.

Ha recordardo que el Fondo de Cooperación Local también ha experimentado un crecimiento de 3,6 millones, hasta los casi 120, y que el tejido asociativo vecinal contará con una partida de un millón.

Tras apuntar que se diseñará un plan de "reordenación" de los trabajadores públicos para "mejorar" la calidad del servicio que prestan, ha reseñado que el 73% de los fondos con que contará su departamento se destinan a servicios públicos.

"Hay una apuesta decidida por las personas", ha enfatizado, y ha aprovechado para avanzar que pedirá al Ministerio de Interior la cobertura de las vacantes de Policía Autonómica.

"UTILIZACIÓN PARTIDISTA"

De meras "declaraciones retóricas" ha tildado estas expresiones el portavoz del BNG en el debate, Luís Bará, quien ha censurado la "discrecionalidad" y el "trato de favor" de la Xunta a los ayuntamientos de PP y, junto a esa "utilización partidista" del gobierno, ha denunciado el "ataque" a administraciones gobernadas por otras formaciones.

Singularmente, se ha referido al Ayuntamiento y la Diputación de Pontevedra y, aprovechando la faceta de presidente del PP en esta provincia de Alfonso Rueda, le ha requerido una "condena" a la "campaña infame de acoso" y a las "prácticas paraterroristas" que están sufriendo ciertos diputados provinciales del Bloque.

Así lo ha hecho el conselleiro de Presidencia tras desmentir que la Xunta otorgue trato diferente a ayuntamientos en función de su color político. "Yo condeno expresamente cualquier ataque y cualquier amenaza a cualquier persona", ha sostenido, pero ha exigido a los nacionalistas que retiren las "acusaciones directas" de que el PP está detrás de esos hechos.

Asimismo, al igual que la representante popular en el debate, Paula Prado, ha afeado al BNG que no censuró los "escraches" centrados en dirigentes populares. Y es que, a juicio del diputado pontevedrés, existe "una distinción clara" entre los "ataques" y las "amenazas" y "el respeto al derecho a la libertad de manifestación de los ciudadanos".

Finalmente, Rueda ha rebatido las acusaciones de "servilismo" del gobierno autonómico ante el central y ha esgrimido como prueba de ello la "rectificación casi en tiempo real" del ministro de Fomento en sus declaraciones sobre la escasa viabilidad de ejecutar la entrada del AVE en Galicia a través de la variante exterior de Ourense.

PERSONAL DE CONFIANZA

Por su parte, el parlamentario socialista Juan Díaz Villoslada ha recriminado a Rueda el gasto de 750.000 euros en personal de confianza dentro de su consellería y le ha valido para afirmar que "la política de austeridad" de la que "hace gala" el PP no lo es tanto.

Si bien el conselleiro ha admitido que los fondos destinados a personal eventual son "discutibles", lo que ha puesto sobre la mesa es que la cuantía es "un 35 por ciento" menos que la empleada al mismo fin durante la etapa del bipartito. "Le parecería descomunal entonces", ha subrayado, a lo que el representante del PSdeG ha recordado que el contexto sociopolítico era "diferente".

Otros asuntos abordados han sido la ausencia del gallego en la Justicia y las ayudas a refugiados, al tiempo que se ha sumado a las reclamaciones de un modelo de subvenciones a ayuntamientos "realmente objetivo" y que sea "transparente".

Al respecto, Rueda ha anticipado que habrá un cambio en el documento de presupuestos para concretar que se destinarán 75.000 euros a viajes humanitarios y ha informado de que ya trasladó al Ministerio de Justicia que es necesario acometer cambios en el programa informático para que la cooficialidad lingüística esté garantizada.

"CORRUPCIÓN"

Finalmente, el portavoz de En Marea en la Cámara, Luís Villares, se ha preguntado si el plan de riesgos de corrupción elaborado por la Xunta prevé combatir el "cohecho pasivo impropio" que podría suponer la aceptación de botellas de vino valoradas en "miles de euros" de un empresario que recibe adjudicaciones de la administración autonómica.

Tras ironizar con que la asesoría jurídica de la Xunta podría "personarse" en este asunto, Prado ha sacado a colación el "caso Duarte", un concejal de Compostela Aberta del que se investiga si frenó multas a determinados locales nocturnos de la capital gallega.

"¡Es que no es lo mismo cerrar un local cualquiera que la bodeguilla del independentismo!", ha recalcado, crítica con la "desfachatez" y la "hipocresía" de Villares. A renglón seguido, ha insinuado que las mareas "contratan a amigos y familiares de concejales y alcaldes" y ha asegurado que Yolanda Díaz (IU) "recibió" botellas de vino durante su etapa como teniente de alcalde en Ferrol.

Por último, ha considerado "escandaloso" que un juez como Villares haga "juicios paralelos" y Rueda ha censurado que "interprete" que un caso es o no "corrupción" en función del partido en el que milita el afectado.

Sin embargo, Villares ha mantenido que "causa inquietud" que nadie en la Xunta haya "intuido" que "no está bien" recibir dádivas de adjudicatarios, como es Monbús. "No dijimos que fuese delito", ha puntualizado, sin dejar de referirse a la "controvertida" adjudicación del transporte público "con modificaciones legislativas ad hoc". También ha aprovechado para criticar la "debilidad política" de Feijóo frente a Pastor en lo relativo a la AP-9.

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