La Audiencia convoca este viernes a las defensas del caso Peaje para esclarecer un presunto desvío de 42 millones

Publicado 24/06/2015 17:06:35CET

Se investigan delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental y fraude a la administración

PALMA DE MALLORCA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha fijado para este viernes, a partir de las 10.15 horas, una vista para que Fiscalía, Consell de Mallorca y defensas de los imputados del conocido como caso Peaje arrojen luz sobre las investigaciones que apuntan al presunto perjuicio de 42 millones de euros de la institución insular durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor.

Con esta diligencia, tal y como consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal de la Sección Segunda quiere "conocer mejor" la modalidad y sistema de los pagos efectuados por el Consell conforme al contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la carretera C-715 y los modificados que se llevaron a cabo.

En el marco de esta causa, impulsada a principios de 2009, la Fiscalía Anticorrupción imputa a los 13 procesados del procedimiento delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental y fraude a la administración. En octubre del pasado año, la Audiencia confirmó que sea un jurado popular el que juzgue a los acusados.

En concreto, entre los imputados se encuentran el exconseller insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el exdirector de este ramo Gonzalo Aguiar, el exdirector de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto, considerada la infraestructura estrella del mandato de Unió Mallorquina (UM) al frente de la Institución entre los años 2003 y 2007, cuando el organismo estaba presidido por Maria Antònia Munar.

Durante la vista de este viernes, el tribunal, integrado por los magistrados Diego Gómez-Reino, Ana Cameselle y Alberto Jesús Rodríguez, pondrá la lupa sobre el contrato suscrito por el Consell con la empresa Pamasa, que a su vez subcontrató las obras a la UTE Desdoblamiento C-715. Del mismo modo, requerirá, entre otros documentos, las escrituras de constitución de ambas entidades.

La providencia precisa que cada defensa dispondrá de un máximo de entre 5 y 7 minutos de intervención mientras que la Fiscalía y el Consell contarán con 10.

Según el Ministerio Público, después de que el Consell contratase en junio de 2004 a Pamasa para llevar a cabo los trabajos de desdoblamiento -habiendo sido constituida un mes antes-, los exaltos cargos se prevalieron de su posición en la Administración así como del control directo sobre las obras que se iban ejecutando y sobre el presupuesto destinado a las mismas para llevar a cabo las supuestas irregularidades.

Es más, la Fiscalía postula cómo se apoderaron de los fondos del Consell al llevar a cabo obras de reforma en sus domicilios utilizando para ello empresas de la UTE que facturaban a ésta los trabajos particulares; exigieron comisiones a cuenta de los gastos de parte de las obras, y posibilitaron que no se cumpliera lo exigido en los pliegos del concurso hasta provocar, presuntamente, un perjuicio de 41,9 millones de euros que redundó en el beneficio económico de los exaltos cargos y de la empresa adjudicataria.

699.000 EUROS PARA UN CHALET QUE DISFRAZARON DE TEMPLO CHINO

Entre los gastos cargados al Consell se encuentran los 699.087 euros que costaron las obras de una edificación levantada en el municipio de Búger, que según las investigaciones es un chalet levantado con fondos públicos a pesar de que varios imputados defienden que se trata de un templo chino construido con donaciones privadas.

De hecho, Francisco Orejudo y otros encausados aseguraron en el marco de esta causa que este templo de meditación fue construido gracias a las donaciones de los socios de la entidad de filosofía china Pachi Tanglang -a la que pertenecen-. Unas justificaciones que la jueza califica en su auto de "surrealistas" como lo son, añade, las declaraciones de los testigos que "dicen haber aportado fondos, algunos desde Taiwán, para construir el templo a fin de que descanse en él un maestro de la organización".

"Además, añaden otra justificación igual de increíble como es que se iba a donar la casa a la asociación, aunque no el terreno" -perteneciente a la mujer de Orejudo, también imputada-, añade la magistrada.

LAS DEFENSAS NIEGAN UN DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS

Frente a todo ello, los abogados de los imputados en el marco de esta causa, cuya operación policial se saldó en marzo de 2009 con la detención de un total de 16 personas, niegan que se produjese un desvío de fondos públicos a fines particulares y que el supuesto desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.

En concreto, la UTE Desdoblamiento C-715 estaba integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr.

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