Afirma que estos hechos revisten "caracteres de infracción penal" y emplaza al juez a practicar las diligencias necesarias para esclarecerlos
PALMA DE MALLORCA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Baleares ha dictado un auto en el que insta al juez José Castro a investigar si, en transcurso de varias de las investigaciones que afectan a la extinta Unió Mallorquina (UM), se produjo un pacto entre imputados dirigido a tergiversar las pesquisas, alterar las declaraciones de varios de los inculpados y ocultar así determinados delitos en los que éstos habrían incurrido.
Mediante una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal de la Sección Segunda da acogida a los hechos puestos en conocimiento por el exconseller de Deportes del Govern Mateu Cañellas, quien denunció además ser objeto de una campaña para incriminarle en distintas tramas de corrupción de UM como represalia por haber posibilitado y facilitado la investigación de casos como Nóos, Palma Arena y Turisme Jove, descubiertos en su Conselleria cuando accedió a este cargo.
La Sala ha estimado así el recurso de apelación que presentó Cañellas contra el auto con el que hace varios meses Castro archivó estas pesquisas, que recayeron en sus manos por turno de reparto, y le emplaza a investigar las circunstancias que rodearon a los hechos denunciados por el exconseller 'uemita' y a practicar cuantas diligencias sean necesarias para "averiguar y hacer constar la perpetración del delito y la culpabilidad de los delincuentes".
De hecho, el tribunal, pese a recoger los argumentos de Castro de que del contenido de la denuncia no queda suficientemente acreditadas las actuaciones delictivas, "sí reviste caracteres de infracción penal" constitutivos de malversación y falsedad. Los magistrados apelan así a la necesidad de escuchar al denunciante para que "pueda especificar, desarrollar y clarificar" los hechos, entre otras pruebas de investigación.
En concreto, el que fuera conseller en el último Govern del Pacte (de 2007 hasta la expulsión de Unió Mallorquina del equipo de gobierno en 2010), dirige sus alegatos contra la exnúmero dos de UM en el Ayuntamiento de Palma y exconcejal de Medio Ambiente Cristina Cerdó; Eugenia Cañellas, secretaria técnica del exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal -éste último en prisión desde agosto de 2013 por varios delitos contra la Administración-, y un agente de la Policía Nacional que habría "allanado" el camino para exculpar a la primera en las investigaciones abiertas contra UM.
"La corrupción alcanzó a algún investigador que olvidó su deber de perseguir el delito", abunda Cañellas en relación con el policía denunciado. Según relata, el agente mantenía "una estrecha relación de amistad con determinados miembros de UM desde muy antiguo", como Nadal entre otros, lo que le llevó "a manipular la realidad y viciar la instrucción en mi perjuicio, en aras a salvar o minimizar la responsabilidad de sus próximos".
El exatleta, subcampeón del mundo absoluto en 1500, afirma que sus últimos años en UM fueron un "calvario", recriminando sentirse acusado "en falso en base a meras manifestaciones de enemigos".
Cabe recordar que UM se disolvió en febrero de 2011 acuciada por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas.
Un año antes, el estallido de uno de esas investigaciones, el caso Voltor, llevó al entonces presidente del Govern, Francesc Antich (PSIB), en medio de una crisis sin precedentes en el Ejecutivo balear, a expulsar a todos los cargos ejecutivos del partido 'uemita' de las principales instituciones de las islas. Se rompía así el pacto de gobernabilidad firmado con UM en 2007.
ENTREGA DE 60.000 EN EFECTIVO PARA "COMPRAR VOLUNTADES"
Entre los numerosos hechos que denuncia el exconseller para que "no se llegara al fondo" de las distintas pesquisas o se le "cargase" a él "el muerto", recuerda cómo la propia Cristina Cerdó ofreció 60.000 euros en efectivo a otra miembro de UM "a fin de comprar su voluntad" y "participase en determinadas actuaciones en mi perjuicio", para lo cual Cañellas ha aportado distintas pruebas con las que acreditar esta circunstancia.
Unos fondos que, al margen de ir dirigidos a "arrinconarme y eliminarme", asevera, podrían proceder "de los recursos económicos ilícitos de los que disponían algunos dirigentes de UM y, en este caso concreto, de la regiduría de Medio Ambiente o la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya), controladas directa y firmemente por Cristina Cerdó".
La propia exintegrante de UM a quien Cerdó habría ofrecido el dinero explicó como testigo en otra causa, el denominado caso Picnic, le ofreció un sobre con 60.000 euros, en billetes de 500, a cambio de recabar votos a favor del sector liderado por la exnúmero dos de UM y por Nadal en los procesos internos de UM de 2009.
Durante su comparecencia, la declarante recordó que Cerdó le dijo que "si ella y su gente votaban por Miquel Nadal, tendría una buena recompensa", si bien la testigo rechazó el ofrecimiento de la exregidora de Medio Ambiente. La testigo señaló que "la idea era hacer desaparecer políticamente" a Cañellas a fin de que éste "no sacara votos para ocupar ningún cargo".
"EL PODER SOCIAL Y ECONÓMICO DE ESTAS PERSONAS ERA INMENSO"
En su denuncia, Cañellas aseveraba que "el poder fáctico, mediático, social y económico de estas personas era inmenso hace unos años".
Es más, aludía a una conversación telefónica que mantuvo con Eugenia Cañellas -y cuya grabación ha sido escuchada en sede judicial- en la que ésta "reconoce la maquinación orquestada por Nadal tendente a cambiar las declaraciones de toda la gente y echar las culpas de todo" -y más en concreto de la contratación de afines a UM con fondos públicos- a Mateu Cañellas y a la entonces secretaria del Comité Local del partido, Antònia Vidal.
"Llega a reconocer que yo no he hecho nada y que le sabía muy mal lo que hacía, pero que la habían acosado. Su temor hacia Nadal era evidente y afirmó verse obligada a atacarme", sentencia Cañellas.
