La Audiencia suspende el juicio de la próxima semana contra Massot a petición de una de las defensas

 

La Audiencia suspende el juicio de la próxima semana contra Massot a petición de una de las defensas

Actualizado 10/12/2010 16:11:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial ha suspendido el juicio que debía celebrarse los próximos días 14 y 15 de diciembre en la Sección Segunda contra el ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx y ex director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, así como contra otros cuatro acusados, a petición de una de las defensas.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicita en el marco de la pieza número 4 del caso Andratx seis años y medio de prisión para Massot por informar a favor de una licencia para la construcción de una vivienda familiar en terreno protegido. El Ministerio Público le acusa en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, de un delito contra la ordenación del territorio, otro de falsedad en documento oficial y un último de prevaricación.

En la misma línea, pide dos años de cárcel para el celador municipal Jaime Gibert, seis meses para el asesor jurídico del Ayuntamiento Jacobo Rodríguez Miranda, tres años y diez meses para el arquitecto Joaquín Ozonas y tres años y cuatro meses para la propietaria del terreno Maria Porcel.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por los letrados Josep de Luis e Isabel Fluxà en representación del Consistorio 'andritxol', reclama seis años de privación de libertad para Massot, quien ya cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otras dos piezas separadas de esta compleja causa. Asimismo, pide cinco años y ocho meses contra Gibert, cuatro para Ozonas y uno para Rodríguez Miranda.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía señala que cuando Porcel suscribió el contrato de compraventa de su finca por 12 millones de pesetas, en julio de 2001, ésta iba condicionada a la obtención de una licencia de obras para construir una vivienda, pese a que el terreno se ubicaba en un Área Rural de Especial Interés (ANEI) y por tanto era imposible legalmente autorizar la ejecución, dado además que en ese momento no existía vivienda alguna que pudiera reformarse sino tan sólo fragmentos de unos muros en ruinas desde hacía más de 20 años.

Así las cosas, Porcel encargó a Ozonas, arquitecto de su confianza, la redacción de un proyecto que posibilitase obtener la licencia, y que faltó "intencionadamente a la verdad haciendo constar numerosos datos y elementos inveraces a fin de falsear la verdadera situación y posibilitar una cierta apariencia de legalidad", según mantiene la acusación. Así, en él se simuló que preexistía una vivienda y que las obras pretendían reformarla, a lo que se añadieron planos con elementos constructivos inexistentes, tras lo cual Massot, en febrero de 2002, informó favorablemente de la licencia a sabiendas de que era "contraria a derecho".

Por su parte, Rodríguez Miranda, prosigue el escrito, emitió un informe jurídico favorable a la concesión, conociendo "sobradamente" la inexistencia de la vivienda anterior, para posteriormente avalar Massot otra licencia para el proyecto de ejecución. Tal y como asevera la Fiscalía, las obras no supusieron rehabilitación alguna ya que se demolieron las ruinas existentes, y la nueva vivienda se ubicó en otra parte distinta de donde se encontraban los restos antiguos.

GIBERT SIGUIÓ "ÓRDENES EXPRESAS DE MASSOT"

En este contexto, Gibert emitió un informe, ya en abril de 2005, en el que hacía constar que las obras se habían ejecutado conforme a las licencias otorgadas pese a saber que "no era cierto", siguiendo "órdenes expresas de Massot". "No solamente no realizó acto alguno para impedir la edificación sino que omitiendo su obligación legal de perseguir obras ilegales y delictivas llevó a cabo cuantos actos eran necesarios para posibilitar que los promotores realizaran y legalizaran su edificación ilegal", postula Anticorrupción.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular reclaman la demolición de las obras levantadas de forma presuntamente irregular, además de declarar la nulidad de las licencias administrativas otorgadas para el proyecto básico y el de ejecución.

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