PALMA DE MALLORCA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Baleares ha registrado durante este año un incremento del 88,3 por ciento en las ayudas para el alquiler respecto a 2015, al haber sido aprobadas un total de 1.478 ayudas ante las 785 que se acordaron en el pasado ejercicio. En total, se han otorgado ayudas por un importe de 2,8 millones euros ante los 1,5 millones de 2015, lo que se traduce en un aumento del 90 por ciento del importe.
En el caso de Ibiza, ésta ha visto aumentadas las ayudas en un 72,6 por ciento. Mientras que en el conjunto de las islas la media de las ayudas se ha situado en 1.935 euros anuales por solicitante, en el caso de Ibiza media llega hasta los 2.226, la más alta del archipiélago, circunstancia que está relacionada con el mayor precio de los alquileres en esta isla.
Tal y como ha informado el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, acompañado por la consellera insular de Vivienda, Viviana de Sans, en la isla pitiusa un total de 107 personas recibirán ayuda en 2016 para pagar el alquiler, el 82,3 por ciento de las que presentaron su solicitud (130).
La cifra, a pesar de ser más baja que la de Mallorca (1.125 ayudas concedidas) y Menorca (244), es un 66,3 por ciento más elevada que la del año anterior, en que se otorgaron únicamente 62 ayudas, el 27,9 por ciento de las que se solicitaron. Respecto de la cuantía, Ibiza recibirá ayudas por un total de 238.245 euros.
Por municipios, a Vila le corresponden 51 ayudas; 33 a Sant Antoni de Portmany; doce a Sant Josep; diez a Santa Eulària y una a Sant Joan de Labritja. Los motivos de exclusión de 23 de las solicitudes son mayoritariamente por falta de documentación y por superar el límite de ingresos establecidos.
Las ayudas, con fondo del Plan Estatal de la Vivienda, se conceden para ayudar en el pago de alquileres de hasta 600 euros mensuales y suponen un 40 por ciento del precio, con un máximo anual de 2.400 euros por solicitante. Los hogares receptores deben tener ingresos no superiores a 22.385 euros.
A pesar de esta tendencia positiva en el número de beneficiarios de las ayudas, el conseller ha manifestado que la problemática específica del alquiler en Ibiza, con precios más altos que la media, provoca que muchas personas que tienen serias dificultades para acceder a un alquiler no se puedan beneficiar de este programa de ayudas al ser muy complicado encontrar alquileres de 600 euros o inferiores.
En este sentido, Pons ha recordado que el Govern ha reclamado al Ministerio de Fomento cambios en el Plan de Vivienda, de manera que la Comunidad Autónoma sea competente para incrementar el importe del alquiler máximo objeto de subvención y las zonas en que éste podría incrementarse. Esta petición, que ya fue transmitida verbalmente, se ha formalizado a través de un escrito remitido el pasado mes de septiembre al Ministerio.
El conseller ha destacado también que la futura ley de la vivienda establece mecanismos efectivos con el fin de incorporar a la bolsa de viviendas de alquiler social parte de las viviendas que hoy están vacías en manos de grandes tenedores y para acompañar a los ciudadanos a resolver las dudas y problemas que tengan en cualquier cuestión relacionada con la vivienda.
Tanto la obligación de los grandes tenedores de viviendas de inscribirlas en el Registro de Viviendas Desocupadas y cederlas para alquiler social durante tres años como la obligación de depósito de fianzas como el mayor control sobre presuntos fraudes en el uso de viviendas de protección oficial, son medidas que incorpora la ley que tendrán, ha subrayado, "una incidencia positiva en la problemática del acceso a la vivienda en la isla de Ibiza y pueden ayudar en la detección de los alquileres ilegales".
"El planteamiento de la futura ley parte de la problemática que ha evidenciado la crisis económica: la soledad y la desinformación que han sufrido muchas personas que se han visto afectadas por desahucios y, paradójicamente, la existencia de un parque de viviendas vacío y creciente en manos de grandes tenedores, especialmente los bancos y las entidades de carácter inmobiliario, mientras se dificulta cada vez más el acceso a una vivienda a precio asequible, hecho especialmente grave en el caso de Ibiza", ha añadido.
Por ello, las principales medidas que incluye la ley versan sobre la protección del ciudadano en su derecho a la vivienda en condiciones de dignidad -también recoge el derecho a los suministros básicos- y la potenciación del alquiler social.
