Los psiquiatras exigen la transferencia a todas las Comunidades del sistema sanitario penitenciario, tal como ocurrió en Cataluña
PALMA DE MALLORCA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
Uno de cada diez presos que hay en España (10 por ciento) sufre un trastorno mental, si bien no se incluyen las adicciones a las drogas o de cualquier otro tipo, por lo que el porcentaje de reclusos con alguna patología mental es mucho más elevado, según ha señalado el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, Alfredo Calcedo.
Con motivo de la celebración en Palma del XX Congreso Nacional de Psiquiatría Legal en la que participan cerca de 300 profesionales de todo el Estado, Calcedo ha considerado que la prevalencia de la enfermedad mental en la población penitenciaria es "extremadamente alta", hasta el punto de que "Instituciones Penitenciarias reconoce que algunas prisiones en España son auténticos centros psiquiátricos".
Así, ha indicado que la carga asistencial de los presos con algún tipo de trastorno mental es "tremenda", de forma que, según ha revelado, hay algunas cárceles en Madrid, con una población reclusa de 2.000 personas, que son "auténticos servicios de psiquiatría, ya que tienen más pacientes ingresados en la enfermería de la prisión que en cualquier servicio de psiquiatría de un hospital".
En este sentido, ha considerado que teniendo en cuenta que España es el país de la Unión Europea con un mayor número de presos en términos relativos, con más de 150 por cada cien mil habitantes, es necesario que el Ejecutivo central transfiera a las Comunidades Autónomas la competencia en materia de sistema sanitario penitenciario, tal como, según ha recordado, ha sucedido en Cataluña.
"Reclamamos que mejore la situación de la salud mental de los presos en España y los recursos sanitarios en instituciones penitenciarias y la única salida para ello es que el sistema sanitario penitenciario sea transferido a las Comunidades Autónomas como ocurre en los países de nuestro entorno, ya que es un gran problema que todavía ha sido incapaz de resolver nuestra clase política", ha sostenido.
En esta línea, ha censurado que en materia de salud mental en las cárceles, el Ejecutivo central y los respectivos Gobiernos autonómicos están "pasándose la responsabilidad los unos a los otros, ya que cada uno mira sólo para sus votantes", en lugar de resolver este "complicado" problema de coordinación.
"MEJOR FUERA QUE DENTRO DE LA CÁRCEL"
Para Calcedo, "un preso con una grave enfermedad mental estaría mejor fuera que dentro de la cárcel", teniendo en cuenta que tiene un doble estigma, tanto por estar privado de libertad, como por sufrir un trastorno, lo que provoca que sea "francamente complicado su tratamiento y su integración".
De esta manera, ha estimado que, en estos momento, hay muchos presos de cárceles españolas que "podrían irse a centros psiquiátricos" y que, sin embargo, continúan en prisión, pese a sufrir una enfermedad mental, debido al "rechazo" que reciben de los centros psiquiátricos y de la administración sanitaria que los gobierna.
En esta línea, ha censurado que debido a la "poca coordinación" entre las administraciones, en el momento en el que el preso que sufre un trastorno es puesto en libertad tras cumplir la sentencia, no recibe un seguimiento posterior por parte de los servicios sanitarios de su Comunidad Autónoma.
Por esta razón, ha reiterado que "más pronto que tarde" se tendrán que integrar las administraciones de salud penitenciaria y de salud autonómica, dado que se trata de una cuestión de "derechos humanos de los presos enfermos mentales, con el fin de que tengan derecho a un tratamiento digno".
En similares términos se ha expresado la miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal Blanca Morera, quien ha lamentado que hay personas que han delinquido debido a su enfermedad mental y que han sido declaradas no culpables y que, sin embargo, ingresan en la cárcel, debido a que España carece de centros especializados para largas estancias, tras el cierre durante los últimos años de la gran mayoría de los manicomios.
"AUMENTO DE LA MASIFICACIÓN"
Ante tal situación, ha indicado que se ingresa a esta persona en prisión, porque se entiende que la sociedad "debe estar protegida", lo que supone un "aumento de la masificación" en las prisiones, cuando, en su opinión, "lo primordial debe ser el tratamiento psiquiátrico" del enfermo, algo que se complica dentro de la cárcel al estar fuera del sistema sanitario autonómico.
En esta línea, ha apuntado que la mayoría de los psiquiatras apuesta por que una persona que haya delinquido gravemente a causa de su enfermedad mental no sea ingresada en una cárcel, sino en un centro de hospitalización "normalizado", teniendo en cuenta que, actualmente, sólo existen dos centros psiquiátricos penitenciarios en Sevilla y Fontcalent (Alicante), que están "masificados".
"Hay un problema y es que en todo el proceso de transformación de la estructura psiquiátrica, los hospitales de larga estancia (los denominados manicomios) han tendido a desaparecer y se han reconvertido en unidades de rehabilitación psiquiátrica, lo cual desde el punto de vista asistencial es un avance enorme, pero son unidades abiertas y tienen un problema de seguridad y control", ha indicado Morera.
De esta manera, ha revelado que "algunas veces nos estamos encontrando que cuando hay una solicitud de un ingreso de un condenado por delitos de violencia en un centro de rehabilitación, los profesionales del mismo se resisten, porque son centros de puertas abiertas y, por tanto, el nivel de contención y de protección es limitado".
