Se trata del director del hospital de Inca, el del Ib-Salut y el director general de Salud Pública y Consumo
PALMA DE MALLORCA, 15 May. (EUROPA PRESS) -
La Confederación General del Trabajo (CGT) y la entidad Derechos Humanos Baleares interpondrán una querella contra el director del Hospital de Inca, Fernando Navarro, el director general del Instituto Balear de la Salud (Ib-Salut), Miquel Tomàs, y el de Salud Pública y Consumo del Govern, Luis Rafael Santiso, por un presunto delito de homicidio imprudente, entre otros, en el caso de la muerte por tuberculosis del joven senegalés Alpha Pam, a quien se le denegó la atención en el centro hospitalario por no disponer de tarjeta sanitaria.
Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han precisado que la querella será presentada por el presidente de Derechos Humanos, Bernat Vicens, y el secretario general de CGT, José Suárez, a raíz de la supuesta comisión, además del delito de homicidio, de coacciones (por impedir el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la salud), prevaricación y denegación discriminatoria de una prestación de carácter público.
La querella, firmada por el letrado Pablo Alonso de Caso, irá dirigida asimismo contra las personas que resulten criminalmente responsables de estos hechos, de modo que las investigaciones podrían ampliarse a otras personas que intervinieron en ellos.
Cabe recordar que tanto PSIB como la coalición MÉS ya han exigido la dimisión del conseller de Salud, Martí Sansaloni, por ser el "responsable político" de la muerte del joven de 28 años, quien falleció en el propio domicilio del enfermo.
El pasado 21 de abril, Alpha Pam acudió a su centro de salud y fue derivado al Hospital de Inca donde, según relató la diputada de MÉS Fina Santiago, se le denegó la atención que necesitaba por no disponer de tarjeta sanitaria, "a pesar de que era residente en la Comunidad Autónoma desde hace ocho años".
Por su parte, Médicos del Mundo ha manifestado que la muerte del senegalés "se podría haber evitado", recordando que prácticamente dos semanas antes de su fallecimiento advirtieron personalmente al presidente del Govern y al conseller de Salud, José Ramón Bauzá y Martí Sansaloni, respectivamente, de los efectos que tiene el Real Decreto Ley 16/2012 en la población de la isla, principalmente entre los inmigrantes, enfermos mentales o personas sin recursos.
Mientras tanto, la Conselleria de Salud ha abierto una comisión de investigación con el objetivo de saber exactamente lo que ocurrió y determinar si hubo algún error en la atención sanitaria que recibió el joven africano fallecido.
