PALMA DE MALLORCA, 28 May. (EUROPA PRESS) -
La inspección de lucha contra el fraude agroalimentario de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, detectó en 2016 un total de 127 presuntas infracciones en la información que contienen los abonos que utilizan los payeses sobre su composición, etiquetado o documentación.
Estas supuestas infracciones suponen el 76 por ciento del total de controles que realizó este departamento el año pasado para comprobar la riqueza, la composición, el etiquetado y la trazabilidad de los abonos para asegurar que la información que reciben los agricultores es la correcta, ha informado la dirección general de Agricultura y Ganadería.
De las 127 presuntas infracciones localizadas, 82 tienen que ver con la composición, 42 con el etiquetado y tres con la documentación.
Las de composición presentan diferencias entre la riqueza declarada y la real. Es decir, se han localizado abonos que declaraban tener un 36% de materia orgánica que realmente tenían un 22,3%; otros que decían contener un 5% de azufre cuando en realidad tenían un 3,1% y otros que afirmaban incluir un 8% de calcio cuando solo se ha detectado el 0,6%.
Las infracciones de etiquetado están relacionadas con la falta de información obligatoria y con la presencia de declaraciones no permitidas en relación a las características de los abonos que pueden inducir a confusión al agricultor.
Las actuaciones de la Inspección han derivado en varios expedientes sancionadores que tramita el Servicio Jurídico de la dirección general de Agricultura y Ganadería. El valor de las sanciones de los expedientes que se resolvieron durante el año 2016 fue de 12.887,64 euros.
En 2016, la Inspección llevó a cabo veinticinco controles oficiales de abonos -nueve en Mallorca, ocho en Menorca, seis en Ibiza y dos en Formentera- y en el análisis de las muestras en el Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Madrid) se detectaron diecinueve presuntas infracciones.
Dado que los payeses no tienen la consideración de consumidor en la actividad profesional, la dirección general de Agricultura y Ganadería, que es la autoridad competente para defender sus intereses económicos, lleva a cabo estos controles.
