Cort propone ofrecer 1.000 euros al mes a 15 familias afectadas por el desalojo de Son Banya

Mercè Borràs y Susanna Moll en rueda de prensa
AYUNTAMIENTO DE PALMA
Publicado 20/09/2017 14:54:31CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El área de Bienestar y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Palma ha propuesto ofrecer a aquellas familias afectadas por la orden de desalojo en Son Banya que no dispongan de una vivienda alternativa 1.000 euros al mes durante cinco años, a cambio de adquirir compromisos como llevar a los niños al colegio y entrar en un plan de inserción laboral del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB).

Así lo ha indicado la concejal de Bienestar y Derechos Sociales, Mercè Borràs, tras la reunión de la Junta de Gobierno de Cort, en la que se ha aprobado la constitución de una comisión de coordinación integrada por once áreas municipales para llevar a cabo el proceso de desalojo.

De las 45 familias afectadas por el desalojo, 15 pueden acogerse a esta oferta al no disponer de vivienda alternativa. La previsión del pago de los 1.000 euros mensuales deberá verse reflejada en el presupuesto del año que viene.

COMISIÓN PARA "ERRADICAR" SON BANYA

Integran la comisión sobre el desalojo de Son Banya las áreas de alcaldía; Bienestar y Derechos Sociales; Infraestructuras y Accesibilidad; Seguridad Ciudadana; Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna; Ecología, Agricultura y Bienestar Animal; Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos; Economía, Hacienda e Innovación; Sanidad y Consumo; Movilidad y Turismo; Comercio y Trabajo.

Esta comisión se reunirá cada mes y plantea que en un plazo de tres años hay que "erradicar" Son Banya. El proyecto plantea la intervención de diferentes concejalías para que el proceso sea "lo más eficiente posible".

"Es muy importante tener claro que erradicar Son Banya es un proyecto municipal y por ello se constituye esta comisión presidida por el alcalde", ha dicho Borràs.

La concejala ha explicado que los precedentes en otros lugares recomiendan la coordinación y la implicación general, dado que ante imprevistos hay que "tomar decisiones de forma inmediata" y no lo puede hacer una sola concejalía.

ADJUDICADO EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN INFANTIL

Por su parte, la portavoz municipal, Susanna Moll, ha detallado otros acuerdos adoptados este miércoles por la Junta de Gobierno, como la adjudicación por 412.000 euros a la empresa Estudio 6 del servicio de atención a la diversidad en educación infantil (0-3 años) del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles (PMEI) para el período 2017 hasta 2020.

Se trata de un servicio que se otorga a las guarderías privadas autorizadas por la Conselleria. "El Ayuntamiento ofrece este servicio para atender las demandas de estos niños", ha indicado Moll.

DÍA SIN COCHES

Paralelamente, la portavoz ha aprovechado para invitar a la ciudadanía a sumarse al 'Día sin Coches' de este viernes. El objetivo es que los vecinos puedan probar "cómo sería vivir en un espacio sin tantos coches" y opten por desplazarse en transporte público, a pie o en bicicleta.

Este año, el Ayuntamiento prohibirá aparcar en la zona ORA de Palma durante este día y solamente lo podrán hacer los residentes.

Como alternativas, ofrece los aparcamientos municipales de Manacor, Marqués de la Sénia y Sa Riera, que serán gratuitos, así como las líneas 2, 16, 10 y 24.

"UNIVERSALIZAR" SERVICIOS Y PRESTACIONES A LA DEPENDENCIA

La Junta de Gobierno ha aprobado también la Ordenanza de la tasa de prestaciones de servicios y realización de actividades de acción social en diversos centros municipales.

Con esto, el Ayuntamiento pretende "universalizar" el conjunto de servicios y prestaciones a la dependencia, según ha explicado Borràs, que ha aclarado que a partir de ahora la participación económica de los usuarios al servicio será progresiva.

Quedarán excluidas las personas que tengan unos ingresos per cápita iguales o inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, es decir, de 537,84 euros al mes.

A partir de ahí, la ordenanza establece un pago progresivo en función de la capacidad económica hasta cubrir un 65 por ciento del coste del servicio.

Con esto, Cort pretende que todo el mundo pueda acceder a las prestaciones de dependencia, regular las mismas con el mismo criterio, y que los usuarios paguen lo mismo tanto si ocupan una plaza municipal como una plaza concertada municipal, además de adaptarse a la normativa vigente.

Borràs ha recordado que hay una tendencia de envejecimiento de la población, especialmente en mujeres, y que las prestaciones de dependencia van aumentando. "Este paso es importante porque nos permitirá ampliar el número de personas atendidas y el número de horas", ha concluido la regidora.

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