Detenida la responsable de una clínica de reproducción asistida de Palma

 

Detenida la responsable de una clínica de reproducción asistida de Palma

Operación Recetón
GUARDIA CIVIL
Actualizado 11/07/2017 13:23:06 CET

Desarticulan una red que falsificaba recetas de jubilados para obtener fármacos usados tratamientos de reproducción

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas de una red que habría falsificado recetas médicas de jubilados para obtener fármacos usados en tratamientos de reproducción 'in vitro'. Una de las personas arrestadas es la responsable de una clínica de reproducción asistida de Palma.

Según ha informado el Instituto Armado, estos medicamentos eran ofertados a mitad de su precio real para su venta y distribución por toda España. Además de la detención de Palma, se ha detenido a una responsable de una farmacia y un trabajador de un CAP en Barcelona y a dos presuntos distribuidores de los medicamentos en Sevilla.

A todos ellos, se les imputa la presunta comisión de los delitos de robo con fuerza, falsificación de documentos, revelación de secretos, estafa y pertenecía a organización criminal.

A los detenidos también se les ha imputado la presunta comisión de un delito contra la salud pública por no tener en cuenta las condiciones especiales que requieren este tipo de medicamentos en el transporte y conservación.

Asimismo, los investigadores trabajan actualmente en tratar de localizar a unos 200 compradores para comprobar si algún usuario de estos tratamientos hubiera podido sufrir algún tipo de malestar físico relacionado con la ingesta de estos medicamentos recibidos sin las garantías sanitarias adecuadas.

ESTAFA A LA SS DE 230.000 EUROS

En el marco de la operación 'Recetón', los agentes han intervenido 450 recetas falsificadas que ya habían sido utilizadas, con las que se han dispensado 775 envases. También han sido decomisadas otras 200, también falsificadas y sin utilizar, lo que ha evitado la puesta en el mercado ilegal de más medicamentos de este tipo. La Guardia Civil señala que la estafa a la Seguridad Social se estima en unos 230.000 euros.

El pasado mes de abril, responsables de la Subdirección General de Evaluación e Inspecciones Sanitarias y Farmacéuticas, dependientes de la Dirección General de Ordenación Profesional y Regulación Sanitaria del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, interpusieron una denuncia ante la Guardia Civil al detectar que una farmacia de la zona metropolitana de Barcelona estaba dispensando una gran cantidad de medicación relacionada con tratamientos para la reproducción asistida. Lo hacía mediante la presentación de recetas para personas jubiladas y, por lo tanto, plenamente subvencionadas.

Las primeras indagaciones de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona indicaban que estos medicamentos eran remitidos a una localidad de la periferia de Sevilla, desde donde eran vendidos a cualquier punto de España, aunque muchos de ellos eran remitidos a una clínica de reproducción asistida de Palma de Mallorca.

El responsable de la clínica, además de comprar medicamentos a un precio muy inferior al real, también facilitaba el contacto directo entre sus clientes y el proveedor ubicado en Sevilla. La oferta de los medicamentos se realizaba desde una página web a precios ostensiblemente más bajos que el valor real del producto.

ROBO DE RECETAS DE UN CENTRO DE ASISTENCIA PRIMARIA

Las recetas médicas destinadas a personas jubiladas que se usaban para obtener los fármacos eran robadas en un Centro de Asistencia Primaria (CAP) de la provincia de Barcelona por un trabajador con funciones de limpieza de las instalaciones y que también se hacía con otros elementos necesarios: pegatinas de pacientes, pegatinas de validación del producto por el inspector médico y sellos de doctores.

Tras falsificar las recetas se presentaban en una única farmacia de Barcelona donde eran dispensados los medicamentos que luego, utilizando diversas empresas de transporte, eran remitidos a una población de la provincia de Sevilla, desde donde se producía la oferta, venta y distribución.

Estos productos tienen un coste en el mercado legal que ronda los 300 euros por caja de medicamento, por lo que un tratamiento de este tipo puede alcanzar los 2.000 euros. Fruto de la maquinaria orquestada por los detenidos, las personas que adquirían los fármacos que ofertaban por Internet podían reducir en la mitad el precio del tratamiento completo.

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