La Fiscalía mantiene su petición de cuatro años de cárcel para Munar y afirma que la solicitud debería ser mayor

 
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A cambio de adjudicar Can Domenge

La Fiscalía mantiene su petición de cuatro años de cárcel para Munar y afirma que la solicitud debería ser mayor

Munar, saliendo de los Juzgados
EUROPA PRESS
Actualizado 06/10/2016 17:18:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de cuatro años de cárcel, diez de inhabilitación y siete millones de euros de multa para la expresidenta del Parlament Maria Antònia Munar por el cobro, junto a otros dos exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM), de un soborno de cuatro millones que exigieron a la promotora Sacresa a cambio de serle adjudicados a esta empresa los terrenos palmesanos de Can Domenge.

Después de que el jurado popular haya dado lectura a su veredicto, el fiscal Juan Carrau ha dado a conocer su solicitud y ha aseverado que si no se le reclama una condena mayor "es porque ya se encuentra en prisión", cumpliendo sentencia por otras causas de corrupción que suman un total de once años y medio de prisión. "Los hechos denotan tal gravedad que debería incrementarse", ha recalcado.

Carrau ha justificado asimismo sus peticiones para Munar en el "importante valor" de la dádiva -percibió al menos dos millones de euros de la misma-, la trascendencia social de los hechos y la jerarquía que la exdirigente de UM ejercía sobre el resto de acusados.

El representante del Ministerio Público considera que, después de que así lo haya determinado el tribunal del jurado, no se le debe aplicar a Munar ninguna atenuante como sí solicita en el caso de los demás acusados de esta causa por confesión, colaboración con la justicia y reparación parcial del daño.

El fiscal incide en que ni en el escrito de confesión que la expresidenta presentó un día antes del juicio -hasta entonces era la única de los cinco encausados que no había reconocido su intervención- ni en su declaración en la vista oral aportó "ninguna información relevante para la justicia" como tampoco "quiso concretar ningún extremo concreto de su participación en el delito ni de la intervención de otras personas".

Asimismo, tanto el jurado como el fiscal aluden a los 150.000 euros de la supuesta dádiva percibida que Munar ingresó el pasado sábado en la cuenta de la Audiencia Provincial de Baleares pero que "no han sido puestos a disposición del Consell de Mallorca", institución que presidía cuando en 2006 tuvieron lugar los hechos.

La Fiscalía mantiene asimismo su petición para el exvicepresidente insular Miquel Nadal -petición de un año y diez meses de cárcel y una multa de tres millones de euros-; el exconseller de Territorio Bartolomé Vicens -un año y medio de prisión y una multa de dos millones-; el supuesto intermediario que entregó la dádiva, Miquel Llinàs -pago de 8.100 euros en multas-, y el propietario de Sacresa, Román Sanahúja -63.750 euros en multas-.

Del mismo modo, Carrau reclama que se proceda al comiso de los 3,8 millones de euros que Munar, Nadal y Vicens habrían obtenido con su conducta delictiva -los otros 160.000 euros ya fueron devueltos por Vicens y 35.000 por Llinàs-.

La expresidenta de la extinta UM -la formación se disolvió en febrero de 2011 acuciada por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas- solicitaba inicialmente su libre absolución al negar haber cobrado soborno alguno como condición para adjudicar los terrenos, un supuesto pago del que aseguraba que fue "completamente ajena".

Tal y como han confesado todos los acusados, Munar, Nadal y Vicens se pusieron de acuerdo entre sí y, "aprovechando su situación de poder" al frente de la Institución supramunicipal, exigieron a Sacresa la entrega de cuatro millones de euros para que esta promotora pudiera tener garantizada la adjudicación del concurso.

DINERO TRANSPORTADO EN UNA BOLSA

Tal y como han considerado probado los jurados, los tres altos cargos, quienes además integraban entonces la cúpula de UM, reclamaron que la empresa les pagara dos millones de euros antes de la adjudicación y otros dos millones antes de la firma definitiva del contrato. Sanahúja, como responsable de Sacresa, "cedió a las exigencias" para poder hacerse con el expediente y realizó las gestiones oportunas para que la cantidad fuese entregada, tal y como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía.

En concreto, el dinero fue transportado en una bolsa y en las dos entregas fue recogido por Miquel Llinàs, amigo personal de Vicens. Posteriormente, Llinàs se lo dio a éste, quien lo repartiría entre Nadal, Munar y él mismo. Una parte de los cuatro millones de euros, según el escrito, fueron utilizados en beneficio de UM.

LA CONFESIÓN DE VICENS LLEVÓ A LA FISCALÍA A DENUNCIAR

Cabe recordar que fue el propio Vicens quien confesó que tanto Munar como Nadal, él mismo y la propia UM percibieron esta cantidad por la venta irregular de los solares. El exconseller entregó asimismo ante la Audiencia hasta un total de 160.000 euros del cohecho, lo que junto a su escrito de confesión llevó a la Fiscalía a interponer una denuncia por estos hechos y a registrar las viviendas de Munar y Nadal sin que en ellas se hallase rastro del dinero que presuntamente cobraron por el amaño del proceso.

A la confesión sobre el presunto cohecho por parte de Vicens se sumó, justo un día antes de la fecha en que estaba fijado el inicio del juicio por la adjudicación de los terrenos, tras más de seis años de que se iniciasen las investigaciones sobre estos hechos, la del propietario de Sacresa, quien reconoció que pagó el soborno a cambio de que se empresa resultase beneficiaria.

Y ello, aseveraba, tras acceder a la exigencia del dinero por parte de Nadal, condenado a cuatro años de cárcel por el caso Can Domenge y a otros seis años y tres meses por otras dos causas de corrupción.

Según la versión de Sanahúja, Nadal habría conminado a la empresa catalana a abonar el cohecho a cambio de garantizar la adjudicación a su favor. La defensa de Sanahúja apuntaba que el exvicepresidente insular contactó con la mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio "si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo", a pesar de que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había presentado la mejor oferta.

MUNAR, CONDENADA A SEIS AÑOS POR LA ADJUDICACIÓN

Una vez celebrado el juicio por la adjudicación de los terrenos, con un total de seis acusados en el banquillo, Munar fue condenada a seis años de prisión, mientras que también fueron sentenciados Nadal (cuatro años de prisión), Vicens (ocho meses), el exconseller insular de Hacienda Miquel Àngel Flaquer (un año), Román Sanahúja (un año) y el letrado externo de esta mercantil Santiago Fiol (un año y medio de prisión).

Un día después de conocerse la sentencia, el 24 de julio de 2013, la Audiencia decretaba el ingreso en prisión provisional de Munar ante el elevado riesgo de que se fugase con los fondos públicos y comisiones que habría obtenido de forma irregular. La exdirigente de UM se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citada por las pesquisas en torno al presunto cohecho después de que Vicens y Nadal admitieran ante el juez haber cobrado parte del soborno investigado. Era la primera vez que salía de la cárcel.

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