Etiquetados de fácil comprensión para personas con discapacidad cognitiva, una de las medidas que establecerá la ley
PALMA DE MALLORCA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presentado a los miembros del Consejo Asesor para la Mejora de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras Arquitectónicas el texto del anteproyecto de la futura ley de accesibilidad universal, el cual incorpora ideas de los miembros del Consejo Asesor.
El objetivo de esta futura ley, según ha afirmado la presidenta, es dotar a la comunidad autónoma de una norma que garantice "la autonomía personal de todos y cada uno de los ciudadanos en todos los ámbitos, con independencia de su situación vital".
La presidenta ha agradecido públicamente las aportaciones hechas por los miembros del Consejo Asesor a la propuesta de texto normativo que en el próximo periodo iniciará el trámite para su aprobación.
Por ello, la presidenta ha destacado que la futura ley de accesibilidad es valiente y ambiciosa y pretende convertirse en el marco normativo que nos permita avanzar desde la accesibilidad física a la accesibilidad universal, "pasar de la concienciación a la acción y de la voluntariedad a la exigibilidad de la eliminación de todo tipo de barreras".
Además de la eliminación de barreras arquitectónicas, la futura norma regula también la accesibilidad en otros ámbitos para que todo el mundo tenga garantizado el acceso a los servicios, a los medios de transporte, a los productos, a la información y a las comunicaciones.
El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha explicado algunos detalles de la futura ley de accesibilidad universal y ha recordado la necesidad de implicación de todas las instituciones para que el contenido de la norma se traslade al día a día de todo el mundo.
Pons ha destacado que el nuevo texto tiene como objetivo favorecer al máximo la autonomía personal de todos los ciudadanos.
"Hemos superado el debate de las barreras arquitectónicas, lo que ahora presentamos es una visión transversal que afecta al acceso con normalidad a los entornos físicos y también a la información", ha remarcado.
Asimismo, se ha destacado que esta ley irá vinculada a un régimen de sanciones de entre 300 y 300.000 euros, en función de la gravedad de las infracciones cometidas.
El texto que se ha presentado incluye un plazo máximo de un año para el desarrollo de los reglamentos necesarios que tienen que permitir la aplicación efectiva de lo que establezca la ley.
