El Govern abarata un 74% el coste del contrato con entidades bancarias para cubrir operaciones de crédito a corto plazo

Publicado 19/03/2017 10:23:07CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas ha adjudicado el contrato marco de tesorería 2017, que permitirá concertar operaciones de crédito a corto plazo y la contratación de servicios bancarios, a CaixaBank, Banco Mare Nostrum, Banco de Santander, Banco de Sabadell, Abanca Corporación Bancaria y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Se trata de las seis mejores ofertas de las nueve presentadas. Las otras tres entidades fueron Colonya Caja de Ahorros de Pollença, Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito y Banca March y han sido adjudicadas como entidades colaboradoras de crédito con habilitación para operar con las empresas del sector público instrumental y el sector educativo público no universitario, ha informado la Dirección General de Tesoro, Política Financiera y Patrimonio en un comunicado.

Así pues, el coste total de la concertación de servicios bancarios, incluido en el contrato marco de tesorería 2017, será de 40.000 euros a repartir entre las seis entidades adjudicatarias en función de las ofertas presentadas.

Este coste supondrá un ahorro del 74,3 por ciento con respecto al desembolso del contrato marco de 2016.

Las entidades adjudicatarias cubrirán el total de los 450 millones de euros que el Govern había solicitado en el pliego de condiciones del contrato marco, una financiación a corto plazo que no excede el año de duración.

La reducción del coste de la operación de contratación de servicios bancarios por Baleares obedece a la eliminación de una cláusula que preveía una indemnización en el caso de no disponibilidad de la póliza de crédito contratada. La mejora de las condiciones de mercado en referencia a las operaciones financieras también han contribuido al ahorro de costes, han indicado.

Por primera vez desde que se realiza este tipo de contratación de financiación a corto plazo, el pliego de condiciones ha exigido la presentación de cláusulas sociales a las empresas aspirantes, en relación con la formación del personal de cada entidad, el respeto a un código de buenas prácticas, o el compromiso de observar la política de no desahucios para colectivos vulnerables.

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