El Govern enviará una carta a Madrid argumentado que la ley de alquiler turístico es "conforme a derecho"

 

El Govern enviará una carta a Madrid argumentado que la ley de alquiler turístico es "conforme a derecho"

Actualizado 16/06/2017 13:52:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado que esta semana, probablemente el lunes, enviará una carta al Ministerio de Presidencia en la que responderán punto por punto sus alegaciones respecto a la modificación de la ley de alquiler turístico y en la que argumentarán que es "conforme a derecho".

En rueda de prensa lo ha anunciado así la portavoz del Ejecutivo autonómico, Pilar Costa, que considera que el Estado plantea "de manera sutil" que "cabe cuestionar" algún apartado, pero "en ningún momento" habla de que "se incumpla una normativa".

El Gobierno central envío esta carta el 24 de mayo cuestionando diferentes aspectos del anteproyecto de ley que regulará el alquiler turístico en Baleares y donde le explicaba que esta normativa debe adecuarse a la Constitución Española y a la directiva de servicios.

Así, Costa ha avanzado algunos de los argumentos del Govern, entre los que destaca que el proyecto de ley se refiere "a la comercialización turística de viviendas, no a alojamientos" y ha reivindicado el papel de los consells insulars como "las administraciones competentes en materia urbanística y de territorio".

Costa se ha referido a la posibilidad de que el Estado esté llevando a cabo una "injerencia política" en consonancia con lo dicho la semana pasada por el vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, quien consideró esta advertencia una "ofensiva" contra la autonomía de Baleares ya que se cuestionan aspectos establecidos en Baleares "desde 1999".

Entre otros apartados, el informe ministerial cuestiona la facultad de los consells de fijar las zonas en las que puede llevarse a cabo la actividad de comercialización; el sometimiento del inicio de la actividad al régimen de declaración responsable; la necesidad de contar con un acuerdo de la junta de propietarios; la prohibición de alquiler por habitaciones o de alquilar en viviendas con antigüedad inferior a cinco años.

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