Investigadas 15 personas por 4.000 toneladas de vertidos ilegales en fincas rurales de Mallorca

 
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Investigadas 15 personas por 4.000 toneladas de vertidos ilegales en fincas rurales de Mallorca

Escombros en Palma
GUARDIA CIVIL
Actualizado 31/10/2016 14:16:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación FEMER, ha investigado a 15 personas por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

A final de verano pasado, el SEPRONA de la Guardia Civil tuvo conocimiento de un posible vertido de residuos sin tratar en un paraje ubicado entre las localidades de Sineu y Llubí.

Tras ello, Guardias Civiles de Protección de la Naturaleza iniciaron una investigación, hallando en el lugar indicado gran cantidad de residuos procedentes de construcción y demolición (RCD), así como algunos de los considerados como peligrosos para el medio ambiente, como plásticos, fibrocemento y material eléctrico, entre otros.

Avanzando en la investigación y empleando para ello los medios aéreos (helicóptero) que la Guardia Civil dispone en Baleares, los agentes localizaron dos parcelas más donde eran arrojados residuos del mismo tipo por las mismas personas, una en Petra y la tercera en Establiments, en Palma.

Una vez identificados todos los implicados que intervenían en los hechos, los agentes decidieron citar en calidad de investigados a 15 personas que constituían una organización dividida en tres escalones: el generador de residuos (constructor), el transportista y en último lugar el que ocultaba los residuos (propietarios de las parcelas), todos ellos como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, sospechando que pudieran haber ocultado un total de 4.000 toneladas de residuos.

La normativa vigente establece que los RCD están sujetos a una determinada gestión (valoración, transporte, almacenaje y eliminación), por parte de empresas autorizadas, en este caso y con la finalidad de evitar el pago de las correspondientes tasas de gestión a los gestores autorizados, los investigados pudieran haber eludido el pago de entre 140.000 y 160.000 euros.

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